/ jueves 22 de febrero de 2018

El cuestionable Comité de Participación Ciudadana del SEA

La equidad y confiabilidad jurídica del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) queda en entredicho con la elección del Comité de Participación Ciudadana (CPC), ya que algunos de sus miembros han sido cuestionados por organizaciones civiles e incluso por los propios legisladores estatales.

La designación de los cinco miembros del comité estuvo a cargo de una comisión de selección nombrada por los diputados locales. Los nueve ciudadanos comisionados tuvieron poco tiempo para cumplir cabalmente con la revisión, entrevistas y selección de los ciudadanos que se encargarían del CPC.

Además tuvieron que lidiar con la inconsistencia entre lo establecido por la ley general del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y la ley estatal del Sistema Estatal Anticorrupción, la cual  fue señalada incluso por algunos de los comisionados.

La urgencia por conformar al comité de participación ciudadana estatal motivó que los legisladores en lugar de corregir los errores de la ley citada apresuraran el proceso de elección de los integrantes del CPC con los resultados negativos que lo ponen en entredicho no sólo ante la opinión pública estatal y nacional.

El propio presidente del comité es cuestionado por ser militante del PAN desde 1985, cuando en la ley del SNA se establece como requisito el no tener filiación partidista alguna en los últimos cuatro años. Como este impedimento fue cancelado en la ley José Enríquez fue seleccionado para presidir el CPC por considerar la comisión que era quien cumplía mejor con tal perfil.

El más cuestionado de los nuevos integrantes del comité es el ingeniero Joaquín Treviño, no sólo por sus comentarios homofóbicos, sino por conflicto de intereses, ya que fue propuesto por la Cámara de la Construcción y dos de las comisionadas pertenecen a este organismo empresarial.

La Junta de Coordinación Política del congreso local pidió a Treviño su renuncia al igual que 17 organizaciones civiles, las cuales además lo demandaron ante organismos oficiales defensores de los Derechos Humanos.

Un tercer miembro del comité también es cuestionado pues no cumple la edad mínima establecida en la ley nacional y una antigüedad mínima de 10 años con título profesional.

Los responsables de esta pifia que afecta la constitución y legitimidad del CPC son los legisladores estatales, los cuales deberían enmendar su error y volver a legislar acorde con lo estipulado en la ley nacional de SNA. De no hacerlo el nuevo comité podría ser impugnado jurídicamente y quedar no sólo en duda sino también en una parálisis funcional, cuando es prioritario el contar con un efectivo y confiable sistema estatal anticorrupción.

La equidad y confiabilidad jurídica del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) queda en entredicho con la elección del Comité de Participación Ciudadana (CPC), ya que algunos de sus miembros han sido cuestionados por organizaciones civiles e incluso por los propios legisladores estatales.

La designación de los cinco miembros del comité estuvo a cargo de una comisión de selección nombrada por los diputados locales. Los nueve ciudadanos comisionados tuvieron poco tiempo para cumplir cabalmente con la revisión, entrevistas y selección de los ciudadanos que se encargarían del CPC.

Además tuvieron que lidiar con la inconsistencia entre lo establecido por la ley general del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y la ley estatal del Sistema Estatal Anticorrupción, la cual  fue señalada incluso por algunos de los comisionados.

La urgencia por conformar al comité de participación ciudadana estatal motivó que los legisladores en lugar de corregir los errores de la ley citada apresuraran el proceso de elección de los integrantes del CPC con los resultados negativos que lo ponen en entredicho no sólo ante la opinión pública estatal y nacional.

El propio presidente del comité es cuestionado por ser militante del PAN desde 1985, cuando en la ley del SNA se establece como requisito el no tener filiación partidista alguna en los últimos cuatro años. Como este impedimento fue cancelado en la ley José Enríquez fue seleccionado para presidir el CPC por considerar la comisión que era quien cumplía mejor con tal perfil.

El más cuestionado de los nuevos integrantes del comité es el ingeniero Joaquín Treviño, no sólo por sus comentarios homofóbicos, sino por conflicto de intereses, ya que fue propuesto por la Cámara de la Construcción y dos de las comisionadas pertenecen a este organismo empresarial.

La Junta de Coordinación Política del congreso local pidió a Treviño su renuncia al igual que 17 organizaciones civiles, las cuales además lo demandaron ante organismos oficiales defensores de los Derechos Humanos.

Un tercer miembro del comité también es cuestionado pues no cumple la edad mínima establecida en la ley nacional y una antigüedad mínima de 10 años con título profesional.

Los responsables de esta pifia que afecta la constitución y legitimidad del CPC son los legisladores estatales, los cuales deberían enmendar su error y volver a legislar acorde con lo estipulado en la ley nacional de SNA. De no hacerlo el nuevo comité podría ser impugnado jurídicamente y quedar no sólo en duda sino también en una parálisis funcional, cuando es prioritario el contar con un efectivo y confiable sistema estatal anticorrupción.