Por: Lilia Aguilar Gil
Imperdonable, no hay otra palabra para el cargo que varios municipios de Chihuahua, incluido el de la capital, hayan decidido cobrar el Derecho al Alumbrado Público (DAP), más cuando en muchas colonias y barrios ni siquiera hay alumbrado público debido a la marginación y pobreza que tienen algunas zonas de la ciudad. El criterio de que es un derecho y que, por tanto, debe ser parejo para todos, no toma en cuenta que algunos de esos derechos consagrados, aún no son una realidad para millones de personas.
Entonces, el criterio tendría que ser ese, reconocer que ese derecho, como muchos otros desgraciadamente, no son un hecho, no hay garantía en su acceso y, por lo tanto, cabe considerar un elemento de diferenciación entre lo que se debe cobrar a unos y otros, en vía de que, ahora sí, todas y todos gocen del “derecho” que se pretende cobrar. Porque seamos honestas: nadie está de acuerdo en pagar por un derecho del cual no se beneficia.
De pagar 30 pesos a tener que destinar casi 150 pesos en tu recibo de luz, es completamente injusto, no hay forma de poder justificarlo, no cabe el “equilibrio fiscal”, ni los alegatos entre instancias que nada le dicen a la gente, el golpe al bolsillo de la gente sigue siendo imperdonable.
Tras décadas de desigualdad, desinterés y compromiso con los más necesitados del país, hoy en día, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo Social (Coneval), en Chihuahua aumentó de 2.5 a 2.9 la población en situación de extrema pobreza de 2018 a 2020. Estamos hablando de cerca de 10 mil personas. En lo que se refiere a la pobreza, de acuerdo con el mismo Consejo, para 2020 existían 952 mil chihuahuenses en esa condición.
El denominador común aquí es que este sector de la población padece de al menos una, tres o más carencias, como lo pueden ser: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación.
Si somos capaces de reconocer y entender este panorama, entonces el “cobro parejo” deja de serlo porque parte de un piso “disparejo”. No entenderlo así, y aplicar a “rajatabla” el cobro no diferenciado, “porque no hay de otra”, habla de una falta de sensibilidad, compromiso y creatividad de parte de municipios como el de Chihuahua que cree que hace lo correcto, pero al mismo tiempo es completamente injusto.
La acción de inconstitucionalidad de Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la diferencia entre impuestos y derechos, las finanzas municipales, no son cosas que entienda ni deba aceptar la población que vive en esa línea de pobreza, la único que le quedará claro y contundente, es que tendrá que pagar más dinero, cuando esto es de lo que más carece.
El derecho, un verdadero derecho a la luz y al alumbrado público, pasa por planes, programas, estrategias e inversiones que deben realizar los tres niveles de gobierno para garantizar plenamente el acceso a este derecho, no al contrario, porque pretender cobrar una tarifa única comprometiéndose ahora sí, a invertir en infraestructura para que ese derecho sea real, es cobrar por adelantado y sobre una “promesa” que puede no cumplirse nunca, como ya hemos tenido experiencia los últimos 60 años.
