El pasado 6 de junio los ciudadanos acudimos a las urnas para emitir nuestro voto para los cargos de gubernaturas, diputaciones locales y federales, así como miembros de los ayuntamientos. Con el inicio de la jornada electoral culmina la preparación de la elección y nos acercamos un poco más al final del más complejo de la historia mexicana.
La jornada electoral es una etapa del proceso en la que existe una gran movilización ciudadana, partidista y de los organismos públicos electorales. La finalidad del día de las elecciones es que los mismos ciudadanos -capacitados por el INE- reciban el voto de aquellas personas que pertenecen a su comunidad, a fin de que sean electas personas para ocupar cargos públicos.
Sin embargo, esta etapa es sólo un paso hacia otra de gran trabajo para los organismos públicos electorales, tanto jurisdiccionales como administrativos, en los que el voto depositado en la urna debe trasladarse a las autoridades municipales y distritales, resguardarse, revisarse, contarse, emitirse las constancias de mayoría a quienes cuenten con el mayor número de votos y luego, se declara la validez de cada elección.
Posterior a ello, las personas candidatas y los partidos políticos pueden acudir a los tribunales electorales para inconformarse con los resultados de la elección. Los tribunales deben garantizar a la ciudadanía que su voto haya sido emitido y contado de manera adecuada, con base en las reglas del proceso electoral.
A partir de la decisión judicial, pueden confirmarse los resultados de cada elección o bien, modificarse, anularse o declarar la inelegibilidad de alguno de los candidatos, además de la asignación de candidaturas por el principio de representación proporcional o plurinominales.
Todo lo anterior no implica una cuestión mínima, sino que es la etapa en la que los tribunales electorales locales y el federal tienen en sus manos la validez de cada elección. Por tanto, su labor reviste una importancia trascendental en la vida democrática del país, ya que de sus decisiones depende la paz pública y el rumbo nacional.
En mi opinión, toda la ciudadanía tiene que estar convencida de que su voto será debidamente protegido por los tribunales. La especialización de sus integrantes y la imparcialidad e independencia en sus decisiones son la base sobre la que parte la representación de los ciudadanos.
En consecuencia, los mexicanos debemos estar seguros de que quien accederá a los cargos de representación serán aquellas personas que hayan sido electas por la sociedad y que sus acciones dentro del proceso sean acordes al sistema democrático nacional.
