/ lunes 19 de abril de 2021

El Espíritu de las Leyes

Por: Rafael Espino

La única forma de mantener la legitimidad en un gobierno popular es promover y procurar el cumplimiento de las leyes; esto es precisamente lo que lo distingue de otros tipos de gobierno. Las leyes son la expresión genuina de la voluntad del pueblo y regulan la actuación del gobierno. Un gobierno popular sabe que debe someterse a ellas y por tanto soportar todo su peso. Cuando en un gobierno popular las leyes dejan de cumplirse, el Estado se pierde y se promueven el desorden y la corrupción. Estas y otras ideas fueron expresadas en 1748 por Carlos de Secondat, politólogo y filósofo francés, mejor conocido como el barón de Montesquieu en su obra capital, el “Espíritu de las Leyes”, al analizar y contrastar al gobierno republicano con el monárquico y el despótico. El gobierno republicano, precisa Montesquieu, se caracteriza por el reparto del poder del Estado. La distribución del poder del Estado resulta necesaria para evitar su ejercicio despótico. Así, planteó la división del poder en tres partes (conocidos como Ejecutivo, Legislativo y Judicial), cada una con un propósito específico que generan un equilibrio armónico y sirven de contrapeso para las tentaciones abusivas entre ellos. Más de 270 años después, el estudio metodológico de Montesquieu -mucho más experimental que especulativo- ya que con mucho rigor analiza históricamente, entre otras civilizaciones, a la antigua Grecia, a Roma y a la Europa ilustrada; le permite arribar entre otras conclusiones, a que la vigencia de los principios de división de poderes y de imperio de la ley (“rule of law”), ya en la república o hasta en la monarquía, evitan el despotismo y permiten alcanzar la libertad e igualdad de los ciudadanos. Según Montesquieu, los códigos legales y las instituciones que rigen la vida de los pueblos tienen una estrecha relación con condicionantes de carácter cultural, tales como las costumbres, la religión, la geografía, las tradiciones, las formas de producción y el clima.

Los principios básicos fundamentales formulados por Morena en las elecciones federales pasadas, que le permitieron alcanzar un triunfo abrumador con el sufragio efectivo de más de 30 millones de mexicanos, tenían identidad plena con los valores últimos a alcanzar postulados por Montesquieu en su obra maestra: la libertad e igualdad de los ciudadanos, el combate a la corrupción y el evitar el despotismo por la concentración de poder en los gobernantes. Ese triunfo sin duda obedeció al convencimiento mayoritario de la población de que se precisaba una transformación para alcanzarlos. Y el cambio debe consistir precisamente en eso, en el respeto irrestricto a la ley y a la autonomía de los poderes. Para la transformación no debe haber tregua y los esfuerzos se deben centrar precisamente en el fortalecimiento de las instituciones, más allá de voluntades o propósitos individuales. Instituciones cuya gestión garantice la instrumentación de los planes y programas que los gobiernos democráticamente electos hayan ofrecido en los tiempos electorales a los ciudadanos.

El mantenimiento de la legitimidad en los gobiernos presentes y futuros de Morena dependerá exclusivamente de sus propios afanes; pero resulta incontrovertible que para ser verdaderamente diferentes y mantener legitimidad y la confianza de la ciudadanía, se precisa la observancia de estos principios universales postulados por el pensador francés en su magistral obra.

Por: Rafael Espino

La única forma de mantener la legitimidad en un gobierno popular es promover y procurar el cumplimiento de las leyes; esto es precisamente lo que lo distingue de otros tipos de gobierno. Las leyes son la expresión genuina de la voluntad del pueblo y regulan la actuación del gobierno. Un gobierno popular sabe que debe someterse a ellas y por tanto soportar todo su peso. Cuando en un gobierno popular las leyes dejan de cumplirse, el Estado se pierde y se promueven el desorden y la corrupción. Estas y otras ideas fueron expresadas en 1748 por Carlos de Secondat, politólogo y filósofo francés, mejor conocido como el barón de Montesquieu en su obra capital, el “Espíritu de las Leyes”, al analizar y contrastar al gobierno republicano con el monárquico y el despótico. El gobierno republicano, precisa Montesquieu, se caracteriza por el reparto del poder del Estado. La distribución del poder del Estado resulta necesaria para evitar su ejercicio despótico. Así, planteó la división del poder en tres partes (conocidos como Ejecutivo, Legislativo y Judicial), cada una con un propósito específico que generan un equilibrio armónico y sirven de contrapeso para las tentaciones abusivas entre ellos. Más de 270 años después, el estudio metodológico de Montesquieu -mucho más experimental que especulativo- ya que con mucho rigor analiza históricamente, entre otras civilizaciones, a la antigua Grecia, a Roma y a la Europa ilustrada; le permite arribar entre otras conclusiones, a que la vigencia de los principios de división de poderes y de imperio de la ley (“rule of law”), ya en la república o hasta en la monarquía, evitan el despotismo y permiten alcanzar la libertad e igualdad de los ciudadanos. Según Montesquieu, los códigos legales y las instituciones que rigen la vida de los pueblos tienen una estrecha relación con condicionantes de carácter cultural, tales como las costumbres, la religión, la geografía, las tradiciones, las formas de producción y el clima.

Los principios básicos fundamentales formulados por Morena en las elecciones federales pasadas, que le permitieron alcanzar un triunfo abrumador con el sufragio efectivo de más de 30 millones de mexicanos, tenían identidad plena con los valores últimos a alcanzar postulados por Montesquieu en su obra maestra: la libertad e igualdad de los ciudadanos, el combate a la corrupción y el evitar el despotismo por la concentración de poder en los gobernantes. Ese triunfo sin duda obedeció al convencimiento mayoritario de la población de que se precisaba una transformación para alcanzarlos. Y el cambio debe consistir precisamente en eso, en el respeto irrestricto a la ley y a la autonomía de los poderes. Para la transformación no debe haber tregua y los esfuerzos se deben centrar precisamente en el fortalecimiento de las instituciones, más allá de voluntades o propósitos individuales. Instituciones cuya gestión garantice la instrumentación de los planes y programas que los gobiernos democráticamente electos hayan ofrecido en los tiempos electorales a los ciudadanos.

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