Miguel Carbonell
En 2008 se hizo una gran reforma constitucional en materia penal. A ella siguió la expedición en 2014 del vigente Código Nacional de Procedimientos Penales y de otras leyes relevantes sobre el sistema penal mexicano. Su propósito era revertir la terrible situación en la que se encontraba el trabajo de las policías, la investigación de los delitos a cargo de los ministerios públicos, el trámite de los procesos penales que eran escritos, casi secretos y sumamente burocráticos, así como mejorar la situación de los más de 400 establecimientos penitenciarios que existen a lo largo y ancho de la República.
Hoy en día, luego de más de una década de la citada reforma constitucional, podemos decir que el fracaso que algunos temían se ha materializado. No podemos cantar victoria en ninguna de las áreas que conforman el sistema penal mexicano. Ni siquiera hemos logrado el elemento más básico de todas las reformas emprendidas, que era la disminución de la incidencia delictiva.
La tasa de homicidios en el 2021 en todo el país fue de 26 por cada 100 mil habitantes, que es mucho más alta que las que tuvimos en 2014, 2015, 2016 y 2017, e igual a la que hemos tenido en los últimos cuatro años. Es decir, no hemos avanzado nada en esa materia. Todavía peor: en 2007 la tasa de homicidios en México era de 8 por cada cien mil habitantes, lo que equivale a menos del 30% de la que tenemos actualmente. Vamos como los cangrejos.
Los feminicidios siguen en niveles escandalosos, como los casos recientes en Nuevo León nos lo han recordado, al igual que las desapariciones de personas que suman casi 50 mil desde el inicio de la actual administración federal en diciembre de 2018 (a las que hay que añadir otros 50 mil casos que se venían arrastrando desde antes de ese fecha).
Sería ingenuo pensar que México puede ser un país desarrollado si no atendemos a cabalidad el tema de la delincuencia. El riesgo delincuencial hace mella en la economía de los gobiernos y en la de las familias, pero además pone en riesgo las inversiones, la creación de empleo y, desde luego, la calidad de vida en buena parte de la geografía nacional. Las autoridades en la materia llevan mucho tiempo adormecidas y no parece que nadie esté pensando en opciones viables para mejorar la situación.
Según datos del INEGI, ofrecidos a partir de las últimas encuestas sobre victimización e incidencia delictiva, el problema que más preocupa a los mexicanos es la inseguridad. El 58% de las personas encuestadas señalaron que ese es el problema más grave que tienen, por encima del desempleo, la salud o el aumento de precios.
El 71% de las mujeres no se sienten seguras cuando están en la calle y, en general, el 69% de la población ni siquiera se siente seguro al salir de su casa caminando de noche, aunque en algunos estados la sensación de inseguridad aumenta considerablemente: 95% en Zacatecas, 88% en Colima y 85% en Puebla se sienten inseguros. Y no es para menos, de acuerdo a los demás datos que ofrece INEGI.
Durante 2020 hubo en el país más de 21 millones de víctimas de la delincuencia. En el 28% de los hogares mexicanos hubo al menos una persona que había sufrido un delito en el año anterior (eso equivale a 16.4 millones de hogares). En ese año las cifras oficiales estiman que hubo 80,954 víctimas de secuestro, es decir, 221 al día o 9.2 cada hora, sin tregua ni vacaciones de ningún tipo.
Recordando la famosa frase del filósofo José Ortega y Gasset, estamos en crisis porque no sabemos lo que nos pasa, pero es precisamente lo que nos pone en crisis: no sabemos cómo salir del atolladero en el que nos encontramos en materia de inseguridad. Las instituciones parecen estar paralizadas. La ciudadanía se enfrenta a hechos delictivos a diario y nadie está pensando en soluciones efectivas. Es momento de hacer un alto y pensar en lo que queremos para nuestro país y para nuestras familias para el presente y para el futuro. Ojalá encontremos la forma de vivir en un México más seguro para todos.