Por: Rafael Espino
Los derechos consagrados en nuestra Constitución Política han sido producto de luchas históricas. El derecho de acceso a la información, a la libertad de expresión; el derecho a la protección de datos personales, a la rendición de cuentas y la transparencia, son de las manifestaciones más elementales para la construcción continua de un Estado democrático, que articule un gobierno abierto en beneficio de todos los gobernados y permita hacer del ejercicio de las libertades una realidad.
El Instituto Nacional de Acceso a la Información es, tal y como está concebido en nuestro marco constitucional, una institución potenciadora de derechos, cuyo quehacer debería ser entendido por todas las personas, no sólo por abogados o especialistas en estas materias. El acceso de la población en general al Instituto, para la tutela de los derechos descritos, debe garantizarse en forma directa, ausente de intermediarios.
Su utilidad debe impactar en la gente, en particular en aquellos sectores que históricamente han quedado marginados y que han sido colocados en situación de vulnerabilidad. Aquellos que son víctimas de la lacerante desigualdad que ha azotado a nuestro país en las últimas décadas, por un modelo económico injusto, en el que ha privado la concentración del capital. De otra suerte, la función del Instituto con su estructura y atribuciones de autonomía constitucionales servirá de muy poco.
La importancia de los organismos constitucionales autónomos radica en su contribución en favor de la consolidación y el avance democrático.
Al Instituto Nacional de Acceso a la Información le corresponde mantener los equilibrios entre lo que debe ser público, en función de facilitar el ágil y correcto ejercicio de la función gubernamental, y el proteger la privacidad de las personas, para evitar no sólo discriminación y vulneración de sus derechos, sino abonar a combatir al fantasma de la corrupción para abatir la desigualdad social.
Su autonomía favorece el control del poder y sirve de puente entre gobierno y ciudadanía; sin dejar de ser a su vez objeto de revisión y obligado a rendir cuentas.
La autonomía del Instituto Nacional de Acceso a la Información es importante, porque supone la libertad de actuar a través de decisiones técnicas con la sensibilidad social que regularmente los casos ameritan. Sin embargo, el gran reto es que, en el ejercicio de sus funciones, coadyuve a transitar hacia la construcción de un régimen democrático institucionalizado, uno en el que la circulación del poder político permita una mejor atención a los problemas económicos y sociales.
La tutela de la transparencia ahora más que nunca es necesaria para atajar más rápidamente los estragos que estamos viviendo producto de la combinación de la crisis sanitaria y su correlativa recesión económica. La transparencia no sólo promueve gobiernos abiertos, sino que permite la convivencia de la pluralidad política que debe caracterizar a nuestro país, condición indispensable para impulsar un desarrollo sustentable y para acceder a mayores niveles generalizados de bienestar.
Y no menos importante: una tutela autónoma de la transparencia con responsabilidad en un ejercicio austero del gasto público, tarea obligada de todas las instituciones del Estado. En palabras del Presidente Juárez: “los servidores públicos no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley les haya señalado”.
La permanencia de órganos garantes de derechos como es el Instituto Nacional de Acceso a la Información encuentra relevancia y sentido en su función de servicio en favor de la ciudadanía y en su capacidad de incidir en el mantenimiento y fortalecimiento de la seguridad jurídica y del Estado de Derecho.
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