Con su peculiar estilo el presidente López Obrador hizo público su disgusto ante el contrato firmado entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) que agrupa a los empresarios más ricos del país.
Tal convenio consiste en un crédito por 12 mil millones de dólares que el organismo internacional les otorgará a 30 mil pequeñas y medianas empresas para sortear la actual crisis económica. El respaldo para el préstamo serán las facturas que en el futuro les pagarán 59 grupos empresariales debido a que los deudores son sus proveedores.
Lo que irritó al jefe del Ejecutivo federal fue el “modito”, pues al parecer no encabezó la operación y ésta sí fue respaldada por sus secretarios de Hacienda, Economía y Relaciones Exteriores.
Además, AMLO arremetió en contra del Banco de México por conceder 6 mil millones de dólares para créditos a las mipymes advirtiéndoles que iba a estar vigilándolos para que no hicieran corruptelas, pues creía lo hacían con el dinero de las reservas nacionales.
A pesar de que el presidente del CMN y el subdirector del Banco de México le aclararon que tales préstamos no eran con fondos públicos, el mandatario no cedió y menos reconoció su obvio error.
Sin embargo, la actitud autoritaria del presidente se hizo más evidente en su intento para que se corrigiera un artículo constitucional y así poder manejar el presupuesto público a su libre albedrío sin intervención del Congreso federal en estos tiempos de crisis sanitaria y económica.
La iniciativa presidencial fue criticada hasta por sus aliados como el diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo, quien le impuso la banda presidencial a López Obrador. El experimentado legislador señaló públicamente que tal medida sería anticonstitucional, ya que no respetaría la división de poderes.
Ante el rechazo público no sólo de la oposición y algunos legisladores del partido oficial, sino también de varios sectores como los empresariales, el coordinador de los diputados morenistas optó por dejar congelada la iniciativa pretextando que no se citaría al pleno debido a que la pandemia llegaría a su etapa más crítica.
Los anteriores casos ilustran el estilo personal de gobernar de AMLO, expuesto antes por Daniel Cosío Villegas para criticar al presidente Luis Echeverría. En la década de los setenta el historiador escribió un libro con el anterior título, además de otro sobre el sistema político mexicano y dos más sobre la sucesión presidencial.
Casi cincuenta años después, ante el obvio intento de revivir el caduco y viciado presidencialismo de aquella época por parte de AMLO, los señalamientos del ilustre economista continúan vigentes así como su clásica descripción del sistema posrevolucionario: “una monarquía absoluta, sexenal y hereditaria por línea transversal”.
Los avances democráticos logrados después de la “docena trágica” de Echeverría y López Portillo están ahora en serio riesgo, ya que la sociedad civil está debilitada y encerrada en sus casas debido a la pandemia Covid-19, además de que la oposición está menguada y fragmentada después de las elecciones de 2018.
No sólo en México se está esparciendo el virus del autoritarismo en este siglo sino también en otros países donde prevalecen los gobiernos populistas, sean éstos de “derecha” o “izquierda”.
En nuestro país por lo pronto se deben fortalecer los otros poderes y los organismos autónomos, como el citado Banco de México y el INE, para así poder contrarrestar los impulsos personalistas del inquilino de Palacio Nacional. Algunos de los propósitos de AMLO pueden ser bien intencionados, pero la manera de llevarlos a cabo tiene más el estilo autoritario del viejo régimen que el de un auténtico sistema político democrático.
