“La ambición es el deseo desmesurado de poder”. (Baruch Spinoza)
La singular rueda de prensa que proporcionó la alcaldesa María Eugenia Campos para denunciar los métodos que desde el más alto espacio del Gobierno del Estado se alzan en la búsqueda de elementos para descarrilar su posible candidatura deja en los chihuahuenses la sensación inequívoca del manejo perverso de las instituciones para los fines políticos de quien ocupa la silla del segundo piso de palacio.
No se puede pensar que el gobernador Javier Corral no estaba enterado de lo que denuncia Maru Campos.
Con el rostro de Carlos Olson y Gema Chávez, el Gobierno del Estado desde la Subdirección de Gobierno y la Fiscalía Anticorrupción demuestra con los videos, conversaciones y denuncias presentadas por la alcaldesa, cómo desde las instituciones y aprovechando los “contactos” con la directora del Registro Civil, Inés Martínez, buscan, rebuscan y pretenden encontrar elementos donde la figura del agente del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción Carlos Zamarripa destaca en la entrevista a un ex colaborador de la alcaldesa tratando de obtener información para configurar un delito que pueda sacarla del camino a la gubernatura, donde conserva una privilegiada posición.
No analizamos aquí si la alcaldesa cometió o no algún delito relacionado con la pretendida “justicia para Chihuahua”, porque estaríamos haciendo lo mismo que hace el gobernador. Esto compete a las instituciones encargadas de la impartición de justicia a pesar de la descalificación a la que están expuestas por su irregular forma de actuar.
Los chihuahuenses esperamos un comportamiento digno, respetuoso y apegado a la ley de estas instituciones. Si permitimos que sigan subordinadas a los perversos fines del Ejecutivo perderán totalmente lo que les resta de credibilidad. Está claro que quien cometió algún delito debe ser castigado conforme a nuestras leyes vigentes sin permitirle el acceso a los criterios de impunidad (oportunidad) como en el caso de la mano derecha del exgobernador César Duarte, que a pesar de ser una figura contemplada por la ley ofrece privilegios a quienes cometiendo delitos reciben impunidad a cambio de sus aportes y declaraciones al caso que persiguen.
El ofrecerle a la alcaldesa que se apegue a estos criterios tal y como lo declaró el propio gobernador Javier Corral es una violación no sólo a su dignidad, cuando públicamente revela la sospecha de haber incurrido en actos de corrupción, sino que viola el principio de inocencia y asume funciones que en todo caso son del orden de la fiscalía, más cuando en entrevista “banquetera” revela que sí está en manos de un juez de Control un procedimiento contra la alcaldesa, pero no quiere hacer más comentarios sobre el caso.
Como los alacranes de Durango: pica y se va. Los chihuahuenses no nos merecemos tan bochornoso asunto.
Correo: vicmedina@hotmail.com
