El pasado viernes, buena parte de la clase política se dio cita en el Centro de Convenciones, para escuchar el primer informe del gobernador del estado, Javier Corral, quien con más de dos horas de duración inició su discurso demandando la extradición de César Duarte y exigiendo los recursos retenidos por el Gobierno federal cerrando de igual forma su primer informe de gobierno.
Ante la presencia del representante del presidente Peña Nieto, José Narro Robles, Corral fue duro y directo en el mensaje que pidió le hiciera llegar al presidente en torno a estas dos demandas. Muy válidas y legítimas por cierto, motivo de una caravana que ha despertado la inquietud de muchos ciudadanos cansados del privilegio de impunidad al actuar de muchos gobernantes en el país.
Con un recinto que poco a poco se fue llenando, la presencia partidista fue el prietito en el arroz ante la presencia del candidato del PAN-PRD-MC Ricardo Anaya, el panista Diego Fernández de Ceballos y el también integrante del mazacote Guadalupe Naranjo, quienes ocuparon una posición privilegiada en el espacio físico, así como en el inicio del discurso.
Pero desde mi muy particular punto de vista, el informe fue una serie de datos y numerología que pasó cual película en alta velocidad. Muchos datos e información manejada de tal manera que no presentaba oportunidad del análisis y razonamiento. Temas fundamentales para validar sus compromisos de campaña como el transporte público y la inseguridad fueron tocados con mucha rapidez, sin profundizar ni tomar en cuenta el daño que ocasiona la indolencia del gobierno en la clase más necesitada.
En este par de temas, destaca el hecho de que se habló de 50 unidades en la ruta troncal, no se tocó el tema de las alimentadoras, que son el calvario de miles de chihuahuenses, también que la situación de inseguridad está presente en todo el país y que el 75 por ciento de las ejecuciones dolosas son competencia del Gobierno federal, esto no es cierto, pues los homicidios están ocurriendo en nuestro estado, en nuestra ciudad, en nuestra calle, frente a nuestras casas, y el homicidio es un delito grave del fuero común que pone en riesgo a nuestras familias ante las consecuencias de los famosos daños colaterales. Es tiempo del análisis y la reflexión ante este informe de gobierno.
Aprovechamos este espacio para repudiar, en todas sus formas, las amenazas y ataques a periodistas, exigiendo que se investiguen y se actúe con las respectivas sanciones para los involucrados en ellas.
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