Por: Lilia Aguilar Gil
La idea de poder regular a las entidades financieras y ponerles orden en cuanto a normar al sector del crédito de nómina, es correcta, pero no con términos, ni bajo condiciones que vayan en detrimento de la clase trabajadora. Que el trabajador quede atado de manos a través de instrumentos financieros que se dejaron de usar hace décadas; que se permita el endeudamiento del 40 por ciento de su salario; que no haya una autoridad que fije los límites de las tasas de interés ni en las comisiones; esa definitivamente no es la forma.
La regulación de créditos es un tema que evidentemente requiere de atención y normatividad pues todo aquello que no esta regulado, es causa de abusos y malos manejos que no se pueden seguir permitiendo. Han tenido que pasar cerca 25 años en los cuales no había una norma clara, por ello es más que clara la oportunidad de poder hacerlo, con el objetivo, el único objetivo de lograr mejores condiciones para el usuario del crédito.
Y esto no fue lo que sucedió. A nombre de la “regularización” no podemos dejar cabos sueltos que resulten en perjuicio de las y los trabajadores. Por ello, propusimos que términos como la “libranza irrevocable”, que es un permiso que los trabajadores deben otorgar para que le hagan los descuentos desde su nómina y que no podrá ser cancelada ni podrá disponer de sus recursos por el monto adeudado conforme al contrato de crédito de nómina con cobranza delegada celebrado hasta el momento de la liquidación total del crédito, fuera borrado de la reforma, pues esto significa endeudar para toda la vida al trabajador.
Otra propuesta fue ponerles freno a las tasas de interés, no dejándolas al libre albedrío de las instituciones financiera. Que no quede a la libre determinación de las entidades financieras el monto de la tasa de interés, porque eso significa básicamente que pueden cobrar lo que quieran, dejando en la indefensión a las y los trabajadores y a merced de las instituciones financieras, bancos, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) o quienes sean.
Hoy, la Ley Federal del Trabajo y organismos internacionales relacionados con el trabajo y los derechos humanos, han determinado que los trabajadores no deben de endeudarse más del 30 por ciento de su ingreso para pagar gastos de vivienda, pues eso ayuda no solo al trabajador sino a tener sanidad financiera. Sin embargo, acá se permite que haya un endeudamiento de hasta el 40 por cierto del salario del trabajador, cuando podría ser fijando en un 25 por ciento, situación que sin duda es un límite que beneficia esa sanidad financiera que se argumenta.
Estamos claras y claros, es necesario poner un freno al tema del endeudamiento, pero si vamos a hacer un marco regulatorio para los trabajadores, lo tenemos que hacer para beneficiarlos, no al contario.
Ya lo dijo el presidente: el salario es sagrado, es el resultado del esfuerzo que día con día lleva a cabo la clase trabajadora y que destina a servicios básicos para su bienestar diario, y nadie, ni patrón, ni entidades financieras, pueden o deben disponer de él. Así de claro. Nadie está peleada con esa idea, pero se debe hacer de manera correcta.
