Toda la ciudadanía pide que los gobiernos ahorren en sus parafernalias y burocracias inútiles para que se gaste en inversión pública y programas sociales. La demanda es legítima y tiene un gran trasfondo, que los gobiernos deben ser efectivos y eficientes.
La cultura política de muchas y muchos mexicanos que aspiran a un puesto público les hace ver las plazas gubernamentales como votos y espacios para dar trabajo a sus grupos de apoyo personal o partidista. Se ha olvidado el tema de profesionalizar las labores del gobierno mediante el servicio profesional de carrera; con esta iniciativa llegarían las personas más preparadas, pero se ha optado por mantener las cuotas necesarias de personas para ganar elecciones internas o constitucionales. Esta forma de ver las plazas ha generado que también se creen o permanezcan más áreas del gobierno con el único fin de tener más espacios para emplear personas. Esto da pie a burocracias más grandes, costosas y lentas.
Debemos de normalizar y garantizar desde los espacios de gobierno la cultura de la eficiencia, que permita hacer lo más posible con lo menos posible. Y esto también implica hacer un análisis riguroso de la estructura de los gobiernos para reducir al mínimo los costos administrativos de las áreas de gobierno y maximizar las inversión social.
Pero ahí viene la histórica confrontación entre la visión política y la visión empresarial.
Un claro ejemplo de esta situación es el Consejo de Urbanizacion Municipal (CUM), que fue creado hace varios años con el propósito de tener una institución que pudiera bajar recursos federales para la pavimentación de las ciudades.
Funcionó muy bien por unos años cuando la federación aportaba muchos recursos, la ciudadanía cooperaba para la pavimentación de sus calles y el gobierno municipal subsidiaba otra parte. Sin embargo, hace más de cinco años, el CUM dejó de recibir recurso federal directo porque dejaron de existir los fondos y fideicomisos que pedían figuras como el CUM para enviar recurso. A partir de entonces, el Consejo dejó de llegar a sus objetivos de ingresos y comenzó a perder efectividad. Al grado que en tres años (2017 a 2019) sólo hicieron 77 millones de pesos en obra y su costo administrativo fue de $74 millones. A esto le podemos sumar la falta de transparencia y de homologación de sus cuentas públicas con la Conac, que el 93% de sus contratos en los últimos años han sido por medio de adjudicaciones directas y falta de claridad sobre los avances y metas de pavimentación. Si esta figura desapareciera, podríamos haber invertido como mínimo más de 150 millones de pesos directos a pavimentación por medio de una licitación promovida por la Dirección de Obras Públicas Municipales.
Estos ejemplos son los que se deben discutir de manera seria desde el gobierno, estos cambios son necesarios y urgentes, pero para lograrlo debemos romper las inercias políticas y comenzar a ver por la comunidad y sus mejoras, no por permanecer en el poder. Urgen gobiernos eficientes, urge eliminar elefantes blancos.
