/ domingo 30 de enero de 2022

En riesgo el sistema nacional anticorrupción y los sistemas locales

Por: Jesús Abdala Abbud Yepiz (Columnista invitado)

El 2022 inició con inercias y resultados no gratos para los esfuerzos que se realizan para disminuir la corrupción en el país desde los espacios del gobierno y la ciudadanía.

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021 publicado por Transparencia Internacional el 25 de enero de este año muestra que los niveles de percepción de corrupción no han registrado cambios a nivel mundial y nuestro país no es la excepción. En 2020 México mejoró su posición en el ranking con respecto a 2019, pasando del lugar 130 al 124 de un total de 180 países evaluados, sin embargo, en la evaluación de 2021 nuestro país se quedó estancado en la posición 124 y seguimos siendo el país peor evaluado de los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en el G20 ocupamos la posición 18 de 19.

Este instrumento se basa en la opinión de analistas de riesgo financiero, de especialistas, de personas del sector académico y de los negocios sobre la situación que guarda la corrupción en cada uno de los 180 países evaluados.

La evaluación toma relevancia, entre otras cosas, porque desde hace algunos años el combate a la corrupción ha ocupado los primeros lugares en la agenda pública y política de México, y ha sido una prioridad para la sociedad mexicana, tan es así que en 2018 este tema fungió como principal factor que definió el resultado electoral a nivel federal, principalmente, porque reconocimos de manera colectiva que la corrupción es un fenómeno corrosivo y una problemática creciente y extendida que distorsiona la democracia, los mercados y el estado de derecho, da pie a violación de derechos humanos, afecta la calidad de vida y permite el posicionamiento de la delincuencia organizada, entre otros, y se encuentra arraigada desde el individuo hasta el núcleo de la familia, desde lo comunitario y lo local hasta el ámbito nacional e internacional.

El estancamiento en el citado ranking, si bien no debe tomarse como concluyente o único indicador de los avances o retrocesos en el tema, sí es una señal que nos debe ocupar porque las acciones para arreglar el problema no han sido paralelas a la preocupación ciudadana sobre el tema.

Por otro lado, y directamente relacionado a lo comentado anteriormente, en los últimos días se publicó en diversos medios de comunicación que el gobierno federal prepara una iniciativa para desaparecer la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) y fusionar otros organismos a diversas secretarías de Estado, principalmente por motivos de austeridad. Esta “intención” resulta preocupante para el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y los sistemas locales, ya que la desaparición de la Secretaría Ejecutiva resultaría en la ruptura de la mesa que coordina los esfuerzos de seis órganos del Estado Mexicano más el Comité de Participación Ciudadana para prevenir, detectar, disuadir y sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción, entre otras importantes tareas.

Aunado a lo anterior, después de años de trabajo, el Comité Coordinador del SNA aprobó el 29 de enero de 2020 la Política Nacional Anticorrupción en la que se definió el rumbo estratégico para combatir el problema de la corrupción en México. Sin la SESNA, entre otros, nos perderíamos de un seguimiento y evaluación objetivos de la implementación de la política nacional y no habría una estructura orgánica no sectorizada a la secretarías del gobierno que aportara apoyo técnico al Comité Coordinador del SNA, quedándose este último sin asistencia técnica y sin los insumos necesarios para el desempeño de sus funciones.

Las secretarías ejecutivas locales y en consecuencias los propios sistemas sufrirían la misma suerte en caso de que la iniciativa se materializara.

Siempre debe prevalecer la apertura al diálogo de aquellas iniciativas que se presenten para mejorar o cambiar aspectos del sistema, supeditando éstas a garantizar el derecho que tenemos todas las personas de vivir en un entorno libre de corrupción.

Desde el CPC Chihuahua nos unimos a la defensa del diseño institucional del SNA y de los sistemas locales.

- La verdad desde mi ignorancia.

Consulta el posicionamiento del CPC Chihuahua: https://comiteanticorrupcion.mx/publicaciones/posicionamientosesna


Autor: Jesús Abdala Abbud Yepiz, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua.

Twitter: @pibe_abbud

Por: Jesús Abdala Abbud Yepiz (Columnista invitado)

El 2022 inició con inercias y resultados no gratos para los esfuerzos que se realizan para disminuir la corrupción en el país desde los espacios del gobierno y la ciudadanía.

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021 publicado por Transparencia Internacional el 25 de enero de este año muestra que los niveles de percepción de corrupción no han registrado cambios a nivel mundial y nuestro país no es la excepción. En 2020 México mejoró su posición en el ranking con respecto a 2019, pasando del lugar 130 al 124 de un total de 180 países evaluados, sin embargo, en la evaluación de 2021 nuestro país se quedó estancado en la posición 124 y seguimos siendo el país peor evaluado de los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en el G20 ocupamos la posición 18 de 19.

Este instrumento se basa en la opinión de analistas de riesgo financiero, de especialistas, de personas del sector académico y de los negocios sobre la situación que guarda la corrupción en cada uno de los 180 países evaluados.

La evaluación toma relevancia, entre otras cosas, porque desde hace algunos años el combate a la corrupción ha ocupado los primeros lugares en la agenda pública y política de México, y ha sido una prioridad para la sociedad mexicana, tan es así que en 2018 este tema fungió como principal factor que definió el resultado electoral a nivel federal, principalmente, porque reconocimos de manera colectiva que la corrupción es un fenómeno corrosivo y una problemática creciente y extendida que distorsiona la democracia, los mercados y el estado de derecho, da pie a violación de derechos humanos, afecta la calidad de vida y permite el posicionamiento de la delincuencia organizada, entre otros, y se encuentra arraigada desde el individuo hasta el núcleo de la familia, desde lo comunitario y lo local hasta el ámbito nacional e internacional.

El estancamiento en el citado ranking, si bien no debe tomarse como concluyente o único indicador de los avances o retrocesos en el tema, sí es una señal que nos debe ocupar porque las acciones para arreglar el problema no han sido paralelas a la preocupación ciudadana sobre el tema.

Por otro lado, y directamente relacionado a lo comentado anteriormente, en los últimos días se publicó en diversos medios de comunicación que el gobierno federal prepara una iniciativa para desaparecer la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) y fusionar otros organismos a diversas secretarías de Estado, principalmente por motivos de austeridad. Esta “intención” resulta preocupante para el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y los sistemas locales, ya que la desaparición de la Secretaría Ejecutiva resultaría en la ruptura de la mesa que coordina los esfuerzos de seis órganos del Estado Mexicano más el Comité de Participación Ciudadana para prevenir, detectar, disuadir y sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción, entre otras importantes tareas.

Aunado a lo anterior, después de años de trabajo, el Comité Coordinador del SNA aprobó el 29 de enero de 2020 la Política Nacional Anticorrupción en la que se definió el rumbo estratégico para combatir el problema de la corrupción en México. Sin la SESNA, entre otros, nos perderíamos de un seguimiento y evaluación objetivos de la implementación de la política nacional y no habría una estructura orgánica no sectorizada a la secretarías del gobierno que aportara apoyo técnico al Comité Coordinador del SNA, quedándose este último sin asistencia técnica y sin los insumos necesarios para el desempeño de sus funciones.

Las secretarías ejecutivas locales y en consecuencias los propios sistemas sufrirían la misma suerte en caso de que la iniciativa se materializara.

Siempre debe prevalecer la apertura al diálogo de aquellas iniciativas que se presenten para mejorar o cambiar aspectos del sistema, supeditando éstas a garantizar el derecho que tenemos todas las personas de vivir en un entorno libre de corrupción.

Desde el CPC Chihuahua nos unimos a la defensa del diseño institucional del SNA y de los sistemas locales.

- La verdad desde mi ignorancia.

Consulta el posicionamiento del CPC Chihuahua: https://comiteanticorrupcion.mx/publicaciones/posicionamientosesna


Autor: Jesús Abdala Abbud Yepiz, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua.

Twitter: @pibe_abbud