MAP Pedro Rafael Ávila Cota
En México, los costos totales reportados por el MEM (Mercado Eléctrico Mayorista), más los costos de la operación de los Servicios de Suministro Básico, fueron del orden de 533,444 millones de pesos. Así mismo, los ingresos por venta de energía para la Comisión Federal de Electricidad, Suministro Básico fueron por 390,039 millones de pesos, con datos de 2018 además, en ese año, la transferencia de recursos considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación fue por un monto 81,405 millones de pesos, sólo de subsidio para el suministro básico. Para este año de 2021, los montos asignados en el PEF a la Comisión Federal de Electricidad son de un gasto programable de 417,145,392,655 pesos y de un gasto no programable de 29,799,665,968 pesos.
Los datos anteriores significan que lo que está en juego actualmente con la reforma a la ley eléctrica por parte de la administración pública federal es el mejoramiento de la industria eléctrica nacional; pero, seguramente en la opinión pública pueden surgir algunos de estos cuestionamientos: ¿El interés es en la operación sana de las empresas productivas del estado?, o, ¿hay mucho interés particular por las energías limpias y el impacto en el medio ambiente? o, más bien, ¿algunos ojos están puestos en participar, más activamente, en la operación de esos recursos energéticos? o, ¿a quiénes beneficia más? Lo que pareciera también que está en juego, por las distintas posiciones partidistas en la discusión de la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica de nuestro país, es el interés económico por las porciones del pastel, de todas las partes involucradas.
Una crítica concreta a la iniciativa es que las tarifas eléctricas subirán, como alternativa para paliar el subsidio que recibe la CFE, o éste se incrementará aún más, ya que la reforma les permitiría, despachar primero su producción, se dice, que el costo unitario promedio de la electricidad generada por la Comisión Federal de Electricidad, medida en pesos por mega watt-hora, es aproximadamente el doble que el costo promedio de la generada por el sector privado mediante la energía eólica y la solar.
No habría que dejar de lado los argumentos expuestos por la Secretaría de Energía, para haber presentado la referida reforma a la Ley de Industria Eléctrica, entre los que se encuentran los siguientes: Dentro de la Reforma Energética de la anterior administración federal, en la Ley de la Industria Eléctrica se decretó que todos los permisos otorgados antes de la reforma deberán mantenerse. La ley, además, obligó a la CFE a crear la filial denominada CFE Intermediación de Contratos Legados para hacer el trabajo operativo y administrativo, cuyas pérdidas estimadas son por 7,820 millones de pesos tan sólo en 2018. A la CFE Suministrador de Servicio Básico, le cobran la tarifa establecida por la CRE para los participantes del mercado; pero para el caso de los contratos legados, que son representados por la CFE, cobra este servicio a una tarifa de porteo mucho menor que la que paga en el mercado; por lo que esta diferencia es absorbida por la CFE y se convierte en un subsidio para las utilidades de los contratistas legados, lo que se estima en el orden de 7,000 millones de pesos anuales.
Lo justo, para sacar adelante la industria eléctrica y favorecer la competitividad nacional y la economía familiar, sería buscar un sano equilibrio entre el interés público y el privado y privilegiar el desarrollo sustentable.
@PR_Avila
Economista (Unison), Maestría en Administración Pública (UACh) y profesor de Asignaturas en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua
