“La ambición suele llevar a las personas a ejecutar los menesteres más viles. Por eso, para trepar, se adopta la misma postura que para arrastrarse”: Jonathan Swift
Son innumerables las irresponsabilidades que por acción u omisión se cometen desde las más altas esferas del poder con el simple objetivo de encubrir hechos que lastiman una gestión gubernamental o buscan enaltecerla.
Uno de los temas que más nos lastiman a los ciudadanos es el que refiere a la seguridad pública y sobre todo el desprecio a la vida de quienes llevan a cabo la ola de ejecuciones de hombres, mujeres y niños.
Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en el año 2019 se llevaron a cabo 240 casos de feminicidio en el país, 686 víctimas de asesinato, 113 secuestros y 705 por extorsión en contra de las mujeres mientras en nuestro estado sumaron 31 feminicidios en el año pasado, pero a la fecha suman 13 casos a los escasos 30 días del primer mes del año 2020, donde el Gobierno del Estado se niega a aceptarlos como tales.
Anteriormente, en los años 2017 y 2018, 3 mil 430 mujeres murieron a causa de un presunto homicidio; un promedio de 9 mujeres al día, según datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi).
Por lo anterior, no podemos dejar de valorar la importancia que tiene el hecho de que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) haya iniciado desde hace más de un año el procedimiento para declarar la “Alerta de Violencia de Género” en el estado de Chihuahua ante el gran número de asesinatos de mujeres por cuestiones de género.
Sin embargo, los intereses políticos, las posiciones radicales de organizaciones y la indolencia gubernamental no han permitido que se dé la tan necesaria “alerta de género” que representa la implementación de acciones para proteger la integridad de las posibles víctimas, porque hay que decir que la alerta de violencia de género contra las mujeres (AVGM) es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres que no existe en otro lugar del mundo como en nuestro país y que se basa en una serie de acciones preventivas de seguridad y de justicia para atender la violencia contra las mujeres, así como el territorio que abarcarán las acciones y medidas a implementar.
Por lo anterior, hay que cuestionar a los responsables, que bajo el argumento de la falta de presupuesto, el ¿por qué no se ha decidido emitir la dichosa alerta? para evitar que sigan cometiéndose estos aberrantes crímenes hacia las mujeres por el hecho de serlo.
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