/ jueves 22 de julio de 2021

Fuera de Agenda | El parto de la mafiocracia

La mafiocracia está compuesta de representantes de la nueva clase política que llegarán al poder en poco más de dos meses como diputados, presidentes municipales y en algunas gubernaturas. Vienen de un proceso electoral que dejó una cuota de 36 candidatos a cargos de elección popular asesinados en campaña, y desde septiembre del 2020 más de 143 muertos o desaparecidos durante el proceso.

El consenso es que el crimen organizado impuso candidatos y condiciones en regiones que abarcan varios estados del país, como en la Tierra Caliente que comprende los municipios donde se unen Guerrero, Michoacán y Estado de México. Nunca había sido tan evidente el uso del poder de intimidación y salida al escenario incluso con aspirantes que eran buscados por narcotráfico por la DEA como sucedió en Huetamo, Michoacán.

La imagen que para la prensa internacional resumió el nacimiento de la “mafiocracia” la publicó en sus redes sociales el propio presidente de la república el pasado 13 de julio. Bajo un retrato al óleo de Benito Juárez, aparecían sentados Andrés Manuel López Obrador junto a Ricardo Gallado Cardona, gobernador electo de San Luis Potosí, quien fue detenido y encarcelado en 2015 acusado de narcotráfico y lavado de dinero.

El auge de la violencia y el avance del crimen organizado en el país mereció una doble plana en su edición del pasado fin de semana del diario francés Le Monde, que tituló un texto de su corresponsal Frédéric Saliba, “México: la expansión de la mafiocracia”. En el reportaje que viene acompañado de una infografía sobre el control territorial de los grupos de la delincuencia organizada que se reparten rutas y territorios del país, se asegura que el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación han colocado a México en el tercer lugar, solo por debajo de Rusia y China, en las economías mafiosas del mundo.

Y esto como resultado de un proceso. Un proceso que tiene su detonador en la fallida política de “dejar hacer, dejar pasar”, como la llamó el ex Embajador estadounidense Christopher Landau, y que el presidente a modo de eslogan electoral llama “abrazos no balazos”.

La inacción gubernamental ha detonado dos problemas en la seguridad interior del país, uno demasiado visible y otro aún oculto para la opinión pública. El primero es el resurgimiento de los grupos de autodefensa, hasta mediados de este mes se habían mostrado ante los medios de comunicación civiles armados en Chiapas, Michoacán, Guerrero, Veracruz y Oaxaca, sumando alrededor de 22 grupos. El común denominador es el hartazgo a las condiciones impuestas por las bandas criminales en sus comunidades.

El segundo problema aún sin visibilizarse es el malestar entre oficiales y tropa del Ejército por impedirles actuar como en Aguililla, Michoacán y Pantelhó, Chiapas. Fuentes militares aseguran que se “esperaban órdenes concretas de los mandos para actuar en contra de estos grupos, cosa que no ocurrió ni sucederá”. Nadie está dispuesto a asumir ninguna responsabilidad en caso de que la situación se salga de control durante las operaciones y existan bajas civiles. Si el Estado no asume su papel de dar seguridad a los ciudadanos, será responsable de la proliferación de estos grupos como lo es del auge del crimen.

@velediaz424

La mafiocracia está compuesta de representantes de la nueva clase política que llegarán al poder en poco más de dos meses como diputados, presidentes municipales y en algunas gubernaturas. Vienen de un proceso electoral que dejó una cuota de 36 candidatos a cargos de elección popular asesinados en campaña, y desde septiembre del 2020 más de 143 muertos o desaparecidos durante el proceso.

El consenso es que el crimen organizado impuso candidatos y condiciones en regiones que abarcan varios estados del país, como en la Tierra Caliente que comprende los municipios donde se unen Guerrero, Michoacán y Estado de México. Nunca había sido tan evidente el uso del poder de intimidación y salida al escenario incluso con aspirantes que eran buscados por narcotráfico por la DEA como sucedió en Huetamo, Michoacán.

La imagen que para la prensa internacional resumió el nacimiento de la “mafiocracia” la publicó en sus redes sociales el propio presidente de la república el pasado 13 de julio. Bajo un retrato al óleo de Benito Juárez, aparecían sentados Andrés Manuel López Obrador junto a Ricardo Gallado Cardona, gobernador electo de San Luis Potosí, quien fue detenido y encarcelado en 2015 acusado de narcotráfico y lavado de dinero.

El auge de la violencia y el avance del crimen organizado en el país mereció una doble plana en su edición del pasado fin de semana del diario francés Le Monde, que tituló un texto de su corresponsal Frédéric Saliba, “México: la expansión de la mafiocracia”. En el reportaje que viene acompañado de una infografía sobre el control territorial de los grupos de la delincuencia organizada que se reparten rutas y territorios del país, se asegura que el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación han colocado a México en el tercer lugar, solo por debajo de Rusia y China, en las economías mafiosas del mundo.

Y esto como resultado de un proceso. Un proceso que tiene su detonador en la fallida política de “dejar hacer, dejar pasar”, como la llamó el ex Embajador estadounidense Christopher Landau, y que el presidente a modo de eslogan electoral llama “abrazos no balazos”.

La inacción gubernamental ha detonado dos problemas en la seguridad interior del país, uno demasiado visible y otro aún oculto para la opinión pública. El primero es el resurgimiento de los grupos de autodefensa, hasta mediados de este mes se habían mostrado ante los medios de comunicación civiles armados en Chiapas, Michoacán, Guerrero, Veracruz y Oaxaca, sumando alrededor de 22 grupos. El común denominador es el hartazgo a las condiciones impuestas por las bandas criminales en sus comunidades.

El segundo problema aún sin visibilizarse es el malestar entre oficiales y tropa del Ejército por impedirles actuar como en Aguililla, Michoacán y Pantelhó, Chiapas. Fuentes militares aseguran que se “esperaban órdenes concretas de los mandos para actuar en contra de estos grupos, cosa que no ocurrió ni sucederá”. Nadie está dispuesto a asumir ninguna responsabilidad en caso de que la situación se salga de control durante las operaciones y existan bajas civiles. Si el Estado no asume su papel de dar seguridad a los ciudadanos, será responsable de la proliferación de estos grupos como lo es del auge del crimen.

@velediaz424