Por: Rafael Espino
Es indudable que el apoyo mayoritario de los mexicanos al movimiento de la Cuarta Transformación obedece al haber situado al individuo, olvidado en el período neoliberal, como el eje de sus políticas públicas. Fundamentalmente al hombre pobre, que es mucho y tiene poco. Al mexicano víctima durante décadas de la aplicación de fórmulas económicas estabilizadoras y de programas de “rescate”, que enriquecieron a muy pocos y lo situaron en niveles oprobiosos, inadmisibles de mera subsistencia. Recetas económicas sin rostro humano y un sistema de presuntos equilibrios que señaladamente no alcanzó sus propósitos anunciados.
Fue a mediados del Siglo IV antes de Cristo, cuando el filósofo griego Aristóteles, quien en su obra magna, la “Ética Nicomáquea”, libro escrito en forma de tratado a su hijo Nicómaco, le dio por primera vez un sentido ético a la economía. Estableció que la virtud no es suficiente por sí sola para llevar una vida feliz o buena. No basta con ser prudente, justo o moderado; se requiere también de bienes materiales que satisfagan nuestras necesidades primarias. Aristóteles precisamente concebía a la economía como el uso de esos bienes necesarios para llevar una “vida buena”.
Y contrastaba a la economía con el concepto de “crematística”, el cual le subordinaba. La crematística la definía el filósofo griego como una ciencia social autónoma, que consistía en la acumulación de riqueza por producción o comercio, tendiente no a la mera satisfacción de una necesidad, sino al enriquecimiento ilimitado. Y para Aristóteles, cuando en una sociedad se instalaba una mentalidad “crematística” o de acumulación ilimitada, se desnaturalizaba todo. Las funciones como la medicina y la abogacía dejaban de atender a sus fines, a la salud y a la justicia, respectivamente, para orientar todo exclusivamente a la producción de dinero.
Pues bien, todo esto viene a cuento a propósito del anuncio del Presidente de la República de la encomienda a Petróleos Mexicanos (Pemex), de “Gas Bienestar”, una empresa filial de Pemex, que se encargará de competir para combatir, ante la ineficiencia de la autónoma Comisión Federal de Competencia (Cofece), el oligopolio protegido en la distribución de gas doméstico, que tanto daña y ha dañado a los ya de por sí muy lastimados hogares mexicanos.
Y no omitiendo resaltar el loable fin de darle un rostro ciertamente humano a la economía en términos aristotélicos, habría que analizar detenidamente la conveniencia de la medida anunciada. Pemex, conforme a su marco normativo, es una empresa productiva del Estado, difícilmente en condiciones de, en igualdad de circunstancias, competir con las empresas particulares en los mercados de distribución de gas doméstico. Sus actos deben orientarse a la generación de utilidades para el Estado y alejarse del otorgamiento de subsidios, los que casi siempre encarecen el costo fiscal para los contribuyentes.
Resulta en mi particular opinión, más sencillo, el exigirle a la Cofece el cometido de su objeto constitucional y combatir prácticas indebidas que encarecen el precio del gas a los consumidores, en lugar de utilizar a una empresa del Estado como competidor de remedio de la situación irregular. De otra suerte se distraerá a Pemex de sus tan importantes actividades principales de exploración, extracción y refinación de hidrocarburos.
