El artículo 4º constitucional, en su séptimo párrafo, establece que, “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. En la Ley de Vivienda, en el artículo 2º, se establece que, “Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así como con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad”.
La vivienda adecuada está reconocida como un derecho en los instrumentos internacionales y debe contar con siete elementos fundamentales de la tenencia: seguridad (que da a las familias certeza jurídica); disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura; asequibilidad; habitabilidad; accesibilidad, ubicación; y adecuación cultural.
La Agenda 2030 entre sus Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, de la cual México es parte, en su objetivo número 11.1 Ciudades y Comunidades Sostenibles, refiere su primera meta a “asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales”.
En nuestro país, 8.5 millones de viviendas presentan rezago habitacional de acuerdo al censo del Inegi 2020, el 19% de la población tiene carencia de servicios básicos en sus viviendas, en el primer semestre del 2021 el precio de la vivienda a nivel nacional alcanzó un alza total del 7.1 por ciento, según datos de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), comparado con el año anterior.
La escasez de mano de obra, como de suministros que se vive a nivel mundial ha retrasado los procesos de construcción de viviendas, que aumentan el encarecimiento en la construcción de vivienda, un mexicano promedio necesitará destinar el 50% de su sueldo para adquirir una vivienda durante más de 30 años. ¿Es posible garantizar un ingreso en México durante 30 años, es razonable destinar el 50% de los ingresos para pagar vivienda?, la respuesta clara y sencilla es, no, no lo es.
En México, actualmente, de cada 100 unidades en construcción, dos unidades corresponden a vivienda económica, es decir, la de un precio menor, cuando la mayor parte del rezago habitacional, según participantes de la industria, es el segmento de vivienda que debe atenderse.
Por otro lado, sólo 25% de los municipios cuenta con un Programa de Desarrollo Urbano de acuerdo con datos de la Sedatu. Para los gobiernos de las 32 entidades federativas, debe ser prioritario desarrollar y atender una política pública para la creación de vivienda asequible, aquella cuyo costo no comprometa la capacidad de las personas para acceder a otros satisfactores básicos.
De no ser así, se está por generar una crisis social y bancaria de muy amplios alcances, donde, los más afectados, serán la clase baja y media de nuestro país, además se dispararán los asentamientos irregulares y esto conducirá a menor calidad de vida de las familias mexicanas, por la falta de servicios públicos básicos y de una planeación urbana eficiente, que no logra cumplir con el derecho humano en materia de vivienda.
