/ martes 6 de julio de 2021

Hacia una cultura de paz | Andrés Manuel Pilatos

El primero de agosto de 2021 se realizará la jornada de la Consulta Popular, para que la ciudadanía emita su voto respecto a la pregunta: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Es decir, ¿se debe o no aplicar la ley a exfuncionarios? En septiembre de 2020 se intentó esta artimaña inconstitucional de si se debía o no sancionar a los pasados presidentes por la presunta comisión de delitos.

La pregunta es absurda y tan amplia que, remontándonos en la historia, abarca a muchas personas; Porfirio Díaz, por ejemplo. De acuerdo con el artículo 35 de la constitución, se requiere la participación de al menos 40% de la ciudadanía inscrita en la lista nominal de electores, es decir, más de 35 millones de mexicanos. Será el INE quien tenga la organización de estas consultas. Será la primera ocasión en que esta institución realice un proceso de participación ciudadana de consulta popular, que por cierto, no saben exactamente qué hacer o esperar dado que no hay precedentes.

En el espeluznante caso de que se cumpla con los requisitos, el resultado de la consulta será vinculante para los tres poderes. Pero ¿quién puede oponer a que se esclarezcan los presuntos delitos cometidos por ciudadanos que no tienen fuero? La aplicación de la ley no se puede consultar, esto de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, si cualquier persona cuenta con elementos para perseguir un delito, sea quien sea, se debe denunciar. Aunado, de acuerdo con el mismo código, es obligación de los servidores públicos presentar dichos elementos. Como mencionó Miguel Carbonell, una consulta popular tiene que ver con la participación directa de la ciudadanía para decidir cosas que se pueden decidir, es decir, que esté dentro de la esfera de lo decidible; todo dentro del marco de la ley. La impartición de justicia NO es optativa y NO es a propuesta del pueblo.

De nuevo resalta la bandera populista del presidente para polarizar y dividir a la sociedad. Renueva el “show” de las piruetas y acrobacias en la arena central del circo para distraer con absurdos. No hay necesidad de preguntar lo que es una obligación. Con los millones que se van a gastar en un proceso inconsecuente, en el que dudo que se junte el porcentaje requerido de electores, se podría ayudar a los niños y niñas con cáncer que dejó desprotegidos a su suerte, o mejorar las condiciones de la pésima estrategia de combate contra el Covid-19, o de perdida construir escuelas. De nuevo, dinero evaporado.

Pareciera que AMLO toma agua y delante de la gente nos dice: Yo me lavo las manos. Que el pueblo decida si se indulta o no a las personas, porque él no se quiere hacer responsable. En el remoto caso de que se logre el cometido del indulto a delincuentes, deberá interceder la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En fin, sólo los locos saldrán a votar el primero de agosto para apoyar la irresponsabilidad del presidente Pilatos de no denunciar delitos para su persecución.

El primero de agosto de 2021 se realizará la jornada de la Consulta Popular, para que la ciudadanía emita su voto respecto a la pregunta: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Es decir, ¿se debe o no aplicar la ley a exfuncionarios? En septiembre de 2020 se intentó esta artimaña inconstitucional de si se debía o no sancionar a los pasados presidentes por la presunta comisión de delitos.

La pregunta es absurda y tan amplia que, remontándonos en la historia, abarca a muchas personas; Porfirio Díaz, por ejemplo. De acuerdo con el artículo 35 de la constitución, se requiere la participación de al menos 40% de la ciudadanía inscrita en la lista nominal de electores, es decir, más de 35 millones de mexicanos. Será el INE quien tenga la organización de estas consultas. Será la primera ocasión en que esta institución realice un proceso de participación ciudadana de consulta popular, que por cierto, no saben exactamente qué hacer o esperar dado que no hay precedentes.

En el espeluznante caso de que se cumpla con los requisitos, el resultado de la consulta será vinculante para los tres poderes. Pero ¿quién puede oponer a que se esclarezcan los presuntos delitos cometidos por ciudadanos que no tienen fuero? La aplicación de la ley no se puede consultar, esto de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, si cualquier persona cuenta con elementos para perseguir un delito, sea quien sea, se debe denunciar. Aunado, de acuerdo con el mismo código, es obligación de los servidores públicos presentar dichos elementos. Como mencionó Miguel Carbonell, una consulta popular tiene que ver con la participación directa de la ciudadanía para decidir cosas que se pueden decidir, es decir, que esté dentro de la esfera de lo decidible; todo dentro del marco de la ley. La impartición de justicia NO es optativa y NO es a propuesta del pueblo.

De nuevo resalta la bandera populista del presidente para polarizar y dividir a la sociedad. Renueva el “show” de las piruetas y acrobacias en la arena central del circo para distraer con absurdos. No hay necesidad de preguntar lo que es una obligación. Con los millones que se van a gastar en un proceso inconsecuente, en el que dudo que se junte el porcentaje requerido de electores, se podría ayudar a los niños y niñas con cáncer que dejó desprotegidos a su suerte, o mejorar las condiciones de la pésima estrategia de combate contra el Covid-19, o de perdida construir escuelas. De nuevo, dinero evaporado.

Pareciera que AMLO toma agua y delante de la gente nos dice: Yo me lavo las manos. Que el pueblo decida si se indulta o no a las personas, porque él no se quiere hacer responsable. En el remoto caso de que se logre el cometido del indulto a delincuentes, deberá interceder la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En fin, sólo los locos saldrán a votar el primero de agosto para apoyar la irresponsabilidad del presidente Pilatos de no denunciar delitos para su persecución.