Por: Flor Yáñez
No sólo los abogados deben interesarse sobre los derechos humanos, sino la sociedad completa, porque es un tema que nos atañe a todos y todas. Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un fallo histórico al declarar inconstitucional la penalización del aborto en México. Las mujeres ya no irán a la cárcel por este motivo. “A partir de hoy es un parteaguas en la historia de los derechos de todas las mujeres, sobre todo de las más vulnerables”, mencionó el ministro presidente Arturo Zaldívar. El tema de los derechos humanos es profundo y ha sido mal entendido principalmente desde la reforma constitucional de 2011, ahora, con el aborto en particular, se torna más polémico y polarizante. La violencia generalizada -todavía invisibilizada y relegada- que enfrentan las mujeres en este país se incrementa diariamente; enjuiciarlas con bases morales y condenarlas a la cárcel u orillarlas a que aborten en la clandestinidad por el contexto y condiciones sociales que les tocó vivir, es atentar contra su dignidad y su libertad. Siguen marcados los roles y estándares de constructo social de la “feminidad”, de lo que una mujer debe ser en sociedad, en este caso, ser madres. ¿Por qué es tan terrible elegir no ser mamá? Femenino no es igual a maternidad. ¿Debiera forzárseles a ellas sólo porque son mujeres? La SCJN indicó que enviar a la cárcel a una mujer que interrumpe su embarazo, es violencia de género, misma que está prohibida por la carta magna. La penalización de la interrupción del embarazo es discriminación basada en costumbres ancladas a concepciones que asignan un rol social a la mujer.
En sus primeros días de mandato, se ha visto a Maru Campos portar un pañuelo azul con la leyenda “Salvemos las dos vidas”. Recordemos, juró hacer guardar la constitución y las leyes que de ella emanen, y no debe tomarse a la ligera. Las convicciones personales, religiosas o morales son incompatibles con la ley, por tanto, quedan relegadas de las decisiones de Estado. Existe un principio jurídico que dice que “La ignorancia de la ley no exime -o sirve de excusa- para su cumplimiento”, es decir que, aunque se “desconozca” se debe aplicar. De ahí que la sociedad también esté enterada de los asuntos del estado, para exigir su cumplimiento, aunque el o la gobernante omitan -por ignorancia, o porque les dio la gana- hacerlo. En el caso de la gobernadora pudiera ser un poco de una y otro mucho de otra. El papel de la autoridad sujeta una responsabilidad legal y debe apartarse de las ideas personales. Para acercarnos a un estado de paz, los derechos humanos deben respetarse y prevalecer sobre pañuelos azules, estandartes de la Virgen de Guadalupe, crucifijos, moralidades y creencias personajes. La determinación de la SCJN deja un precedente progresista en la lucha para la igualdad en derechos, celebremos que cada vez nos acercamos a una sociedad donde impere el respeto por todas las personas, independientemente de sus decisiones.
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