Por: Flor Yáñez
Cuando se escribe sobre lo mismo significa que el problema no se ha corregido o incluso, se ha incrementado. Hace unas semanas, tras el homicidio de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en Cerocahui, la Sierra Tarahumara fue epicentro de las noticias internacionales por los sucesos de violencia. La gobernadora reprobó los hechos y se comprometió a regresar la paz a esa zona, pero seguido en Bocoyna asesinaron a la doctora Masiel Mexía, del IMSS-Bienestar. También causó conmoción el reciente asesinato de un pasante de medicina de la Universidad Autónoma de Durango en un hospital de Pueblo Nuevo, mientras atendía a un paciente. Debido al miedo a la violencia en zonas serranas, estudiantes de la Facultad de Medicina, Enfermería y Odontología de la Universidad Autónoma de Chihuahua (Zacatecas y Durango también) protestaron para que la prestación de su servicio social obligatorio no sea en lugares de alto riesgo, como la sierra y municipios como Bocoyna, Batopilas y Urique.
La violencia es un efecto dominó. La consecuencia producida ante acontecimientos violentos genera otro tipo de violencias estructurales, en este caso, repercute en el derecho a la salud. Este un derecho humano reconocido internacionalmente y también se encuentra en el Tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible: Los estados deben garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas que tienen derecho la protección, servicios profesionales, idóneos y responsables de la salud.
En lugares serranos, el servicio y acceso a salud es precario y en lugar de contratar médicos generales o especialistas (para evitar relaciones laborales, aunado a que no aceptan trabajos en la sierra), son los prestadores de servicio social quienes deben atender a la población. Esto en primera instancia disminuye la calidad en el servicio y en segunda ahora estos soldados rasos a quienes mandan al frente de batalla de la salud a zonas complejas en situación de pobreza se retiran no por falta de agallas para trabajar, sino porque la zona de guerra ya no es contra enfermedades ni abusos laborales, sino contra balazos y metrallazos, y ante esos es mejor correr cobarde con sentido común, que morir siendo héroe e ingenuo. ¿Cómo van a asegurar la seguridad de estos estudiantes, en caso de obligarles a ir? Ahora son los médicos, pero pronto serán los maestros y servidores públicos; habrá más desempleo, abuso contra recursos naturales y abrirá la puerta a la impunidad para que cada quien haga lo que se le dé la gana. Urgen los “cómo sí” para transversalmente instaurar el bienestar por sobre las violencias, cuyas consecuencias están afectando a la sociedad en todos los ámbitos.
