/ martes 16 de junio de 2020

  Impunidad y corrupción

Realmente, como seguido afirma el presidente de nuestro país, ¿se acaba o se ha acabado la corrupción? ¿Y la impunidad se ha combatido de modo más firme que en gobiernos anteriores? A esas preguntas respondemos -como lo ratifica la gente de la calle- con un profundo no.

No podemos negar que el combate a ambos flagelos existe, pero en no pocas ocasiones ese combate asume un cariz político o con intereses de por medio. Generalmente no se usa la misma vara para quienes son o pueden ser acusados de corrupción de anteriores gobiernos, que para funcionarios del presente también indicados del mismo mal. A los del pasado se les endilgan epítetos que los engloban en un mismo saco y a los actuales se les “defiende” acusando de ataques infundados o calumnias a quienes los señalan.

La corrupción, por desgracia, está en todos lados, y no se termina por decreto, con buenos propósitos o leyes que inhiban a quienes corrompan o sean corrompidos. Hay quienes anotan -con razón-, que hay que combatir prácticas y sistemas que propician la corrupción como cosas que ya de por sí están corruptas.

La impunidad, por su parte, está relacionada íntimamente con la falta de rendición de cuentas de los actos efectuados, actos que son en sí mismos atentatorios contra una o más personas -víctimas-, o contra el bien común de la sociedad. Se inscriben esas acciones en distintos campos: económico, social, de libre expresión, político, religioso, comunitario, etc.

Refiere la impunidad a la falta de castigo o evasión, falta de sanción que implica un hecho punible o un delito cometidos por una o varias personas o por una organización.

Se ha expresado hasta el cansancio que mientras exista impunidad, los actos de corrupción podrán seguir sin que puedan pararse.

Nosotros -expresa el presidente-, no somos represores. Esa premisa es entendible cuando las acciones contra quienes expresan su opinión o se manifiestan a favor o en contra de algo que denota justicia se ejercen con violencia o represión, valga la redundancia. Pero no se entiende cuando tales opiniones o manifestaciones van más allá y se constituyen en atropellos o delitos contra terceros, o el bien público, causan caos y destrucción, y cuyos responsables, con tal de no “reprimirlos”, quedan impunes con un “pórtense bien”.

Corrupción e impunidad se verifican tanto a nivel público como personal. Quien efectúa una “pequeña” acción corrupta es probable que pronto efectúe una “grande”. ¿Lo ven?


Realmente, como seguido afirma el presidente de nuestro país, ¿se acaba o se ha acabado la corrupción? ¿Y la impunidad se ha combatido de modo más firme que en gobiernos anteriores? A esas preguntas respondemos -como lo ratifica la gente de la calle- con un profundo no.

No podemos negar que el combate a ambos flagelos existe, pero en no pocas ocasiones ese combate asume un cariz político o con intereses de por medio. Generalmente no se usa la misma vara para quienes son o pueden ser acusados de corrupción de anteriores gobiernos, que para funcionarios del presente también indicados del mismo mal. A los del pasado se les endilgan epítetos que los engloban en un mismo saco y a los actuales se les “defiende” acusando de ataques infundados o calumnias a quienes los señalan.

La corrupción, por desgracia, está en todos lados, y no se termina por decreto, con buenos propósitos o leyes que inhiban a quienes corrompan o sean corrompidos. Hay quienes anotan -con razón-, que hay que combatir prácticas y sistemas que propician la corrupción como cosas que ya de por sí están corruptas.

La impunidad, por su parte, está relacionada íntimamente con la falta de rendición de cuentas de los actos efectuados, actos que son en sí mismos atentatorios contra una o más personas -víctimas-, o contra el bien común de la sociedad. Se inscriben esas acciones en distintos campos: económico, social, de libre expresión, político, religioso, comunitario, etc.

Refiere la impunidad a la falta de castigo o evasión, falta de sanción que implica un hecho punible o un delito cometidos por una o varias personas o por una organización.

Se ha expresado hasta el cansancio que mientras exista impunidad, los actos de corrupción podrán seguir sin que puedan pararse.

Nosotros -expresa el presidente-, no somos represores. Esa premisa es entendible cuando las acciones contra quienes expresan su opinión o se manifiestan a favor o en contra de algo que denota justicia se ejercen con violencia o represión, valga la redundancia. Pero no se entiende cuando tales opiniones o manifestaciones van más allá y se constituyen en atropellos o delitos contra terceros, o el bien público, causan caos y destrucción, y cuyos responsables, con tal de no “reprimirlos”, quedan impunes con un “pórtense bien”.

Corrupción e impunidad se verifican tanto a nivel público como personal. Quien efectúa una “pequeña” acción corrupta es probable que pronto efectúe una “grande”. ¿Lo ven?


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