Por: Juan Ramón Camacho Rodríguez
Después del impacto mediático de los asesinatos de dos religiosos y un guía de turistas en Cerocahui, Chihuahua, una idea se viene a la mente en forma automática: los miles de homicidios que lastiman a nuestra sociedad y se quedan sin castigo.
Dictar castigos por quitar la vida es una acción que ha disminuido en los últimos años en México, y los ciudadanos en general nos preguntamos por qué ha pasado eso, sobre todo cuando el índice de homicidios se ha incrementado en más de un treinta por ciento en el 2021.
En el año 2021 la impunidad en casos de homicidio en México se ve reflejada en el bajo número de sentencias condenatorias (1,031) en comparación con los años anteriores (más de 3 mil), según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Como ciudadano común que es consciente de la inseguridad pública y los riesgos que ella implica para todos, cualquiera se cuestiona si la disminución en la aplicación de castigos se deba a un nuevo paradigma o teoría sobre su eficacia en la prevención del delito.
Más bien, y ante la evidencia de que baja el castigo y sube el delito, la creencia común es que el sistema de castigos está en crisis y su rasgo más sobresaliente en la actualidad es la incompetencia de sus encargados, una incompetencia que se suma a los peores males que hoy sufre el país.
Una sociedad crítica cuestionaría sobre los efectos de los castigos o las penas sobre la reducción de los casos de homicidio, pero también tendría que ser consciente de que son muchos los factores que inciden en la comisión de los delitos.
El castigo a los criminales es un factor, pero también hay que considerar todas las formas de conciencia individual sobre las normas diversas que construyen y hacen posible la convivencia: la religión, las costumbres, la educación, etc.
La impunidad, el dejar sin castigo a los delincuentes, es un tema de gran importancia para la sociedad en general (no sólo para los especialistas de las leyes y códigos), porque de él se pueden desprender la certidumbre o la desconfianza de los ciudadanos en sus instituciones.
La confianza ciudadana es determinante para la vida comunitaria y sus valores supremos como lo son la justicia, la paz, la seguridad y el orden público. La inseguridad y la violencia son reflejo de la impunidad, sin la cual no hay confianza.
Quienes hagan daño deben pagar por él. La impunidad no debe ser permitida, ni debe ser parte de nuestra normalidad, como al parecer ya lo es. Una sociedad de daños sin castigos no puede ser una buena sociedad. La descomposición de la sociedad mexicana se acentúa con la impunidad.
El combate a la impunidad requiere instituciones de seguridad y de justicia que cuenten con un grado de profesionalismo y compromiso con la sociedad; son necesarios recursos públicos y una transparencia en su manejo. La impunidad, por sí misma, es otro de nuestros graves problemas.
