Con la renuncia del procurador general de la república, Raúl Cervantes, y ocho días después de la destitución del fiscal de la Fepade, Santiago Nieto, afloraron la serie de arreglos que en lo “oscurito” practica la clase política y la facilidad para desconocerlos si, en perspectiva, considera en riesgo su cuota de posiciones y recursos económicos.
Por supuesto, se entiende que en aras de impulsar el desarrollo del país las distintas fuerzas políticas busquen los acuerdos, los convenios y las alianzas entre ellas; pero muy cuestionable es que esas prácticas se realicen por intereses exclusivos de partido, grupos o personas, porque repercuten en el deterioro de las instituciones y la política en general.
De la primera parte del párrafo anterior está el Pacto por México firmado por los dirigentes de los tres principales partidos políticos del país, con el gobierno federal encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto un día después del inicio de su administración. Pacto ratificado el 7 de mayo de 2013 por los mismos actores con un acuerdo adicional: “Garantizar la limpieza de las elecciones del 7 de julio de 2013”.
En esa ocasión volvió a escucharse: “…nos hemos comprometido a la creación y preservación de un espacio que permite lograr acuerdos a favor del país y al mismo tiempo exponer, cada quien, con firmeza sus diferencias.
“Hoy es indispensable preservar este entorno político de confianza, con base en cuatro principios:
“1.- Sobreponer el interés del país y el de los mexicanos a cualquier interés partidario o individual; 2.- Cumplir con la palabra empeñada; 3.- Profundizar la transparencia; y 4.- Actuar bajo estricto apego a la Constitución y a las leyes de que ella emanan”.
Pero si especificamos diremos que la oposición, contrario a lo declarado, ha sobrepuesto sus intereses a los del país y de los mexicanos y todo sea por la conquista del poder nacional que considera está a la mano, sin importar el desgaste de las instituciones que dado el caso les servirían para gobernar, a menos que no esté en su proyecto conservarlas.
Como en los temas de la renuncia del procurador y el cese del fiscal contra Delitos Electorales. En el primero, habría sido suficiente con dictaminar la iniciativa del presidente en que proponía que no fuera pase automático del procurador general a fiscal general, pero no, lo que se quería era provocar el escándalo paralizando las labores del congreso, como la discusión del Quinto Informe de Gobierno y la aprobación del presupuesto federal.
En el cese del fiscal contra Delitos Electorales que ya había renunciado a comparecer en el Senado para defender su caso, la oposición proponía, aun sin la presencia de los involucrados, la realización del debate para saber si procedía o no la destitución del fiscal.
Sin acuerdos al respecto los senadores decidieron aprovechar el “puente largo” por motivo del 2 de noviembre. “Las bancadas del PRI, PAN, PRD y PVEM acordaron que la Cámara Alta sesione hasta la próxima semana y, con ello, dejar vencer el plazo legal de diez días hábiles para objetar la destitución de Santiago Nieto”.
“Así, México siempre fiel, al menos a la simulación… se cerró el vergonzoso capítulo de Santiago Nieto, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y Emilio Lozoya. ¿En dónde quedó esa férrea defensa, que unió a quienes parecían irreconciliables? ¿Dónde están todos esos senadores que dijeron ir hasta el fondo de la investigación?
Quedan algunas preguntas: ¿Fue el proceso correcto? O, ¿fue la protesta de los legisladores por la cancelación de los famosos “moches”?
(Continuará)
