De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la inversión pública en México en el ejercicio presupuestal de 2019, fue de 1.3 por ciento, como parte del PIB, menor al promedio de los países miembros de la OCDE, que es de 3.4 por ciento y que también sitúa a nuestro país, como el de menor porcentaje de todo
ese grupo de países.
En ese mismo sentido, la Inversión Fija Bruta, que representa los gastos realizados en el ramo de la Construcción y en Maquinaria y Equipo de origen nacional e importado registró una disminución en términos reales de 0.9% durante abril de 2021 respecto al mes inmediato anterior; por componentes, los gastos efectuados en Construcción descendieron 1.3% y en Maquinaria y Equipo total fueron menores en 0.8% en el cuarto mes del presente año frente al mes precedente, según datos ajustados por estacionalidad del INEGI; En su comparación anual, la Construcción No residencial se incrementó en 16.5% respecto al mismo mes del año anterior, con la observación de que en el 2020, dicho mes se vio afectado seriamente por la contingencia sanitaria.
Otro aspecto que tiene que ver con la inversión pública es el gasto federalizado, donde la transferencia de recursos federales a estados y municipios, en el que las participaciones tienen el mayor peso específico, han tenido altibajos, en las transferencias en los primeros cinco meses del año actual y los anteriores inmediatos.
Lo que también sucede es que, de acuerdo con la misma OCDE, la recaudación tributaria como porcentaje del PIB de México para el ejercicio fiscal de 2019 fue de un 16.5 por ciento, la cual presenta una captación menor del promedio de la región (América latina y el Caribe) que alcanzó un 22.9% y también muy abajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que fue de 33.8 por ciento.
En el caso del Estado de Chihuahua la precariedad de la inversión pública, esta correlacionada a la falta de un incremento notable de recursos propios y por tanto, una amplia dependencia de las participaciones y aportaciones federales; a los déficit fiscales producto de las diferencias entre las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos, en los últimos años, al servicio de la deuda pública que es de las más altas del país, el impacto de la contingencia sanitaria y a la falta de eficiencia y eficacia en la aplicación gasto público.
Todo esto va provocando un rezago en obras de infraestructura y de servicios públicos, va restando suficiencia presupuestal para obras necesarias y prioritarias, como son los dos hospitales con varios años en obra negra en Ciudad Juárez o un nuevo relleno sanitario regional en Chihuahua capital y compromisos sociales y de obra sin cumplir.
Ante este panorama, los organismos internaciones como la OCDE han impulsado la aplicación de un Impuesto Mínimo Global, cual ya fue aprobado por el G 20, que está compuesto por 19 países más la Unión Europea. Se informó que las negociaciones respaldaron una tasa mínima del 15% para corporativos transnacionales, a partir parece ser del 2023. Lo anterior, significaría para el país, de acuerdo al subsecretario de Hacienda Gabriel Yorio, un potencial gravamen de 30 mil millones de pesos, que no suficiente, pero contribuye. Adicionalmente, persiste la necesidad de una reforma fiscal, analizando también a fondo la recaudación de gobiernos locales.
@PR_Avila
