En forma lamentable, quedó en evidencia el actuar de muchos legisladores del Congreso del Estado, que sumisos y atingentes, asumieron el llamado del Ejecutivo para modificar varios artículos constitucionales y reglamentos con temas referentes al Poder Judicial.
Ante el revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sólo le faltó la desaparición del Consejo de la Judicatura, órgano que salvó su pellejo por la mínima diferencia de un voto de los ministros de la corte, el gobierno del “Unidos con Valor” vino a demostrarnos que nos es más que “más de lo mismo” que tan férreamente critica de la administración anterior en lo que se refiere a la forma de actuar y gobernar. El poder sigue siendo para poder.
No es ocurrencia, ni es por hacer leña del árbol caído, pero las decisiones de la Suprema Corte, simplemente obligan un ejercicio de análisis ciudadano que sirva a los legisladores para que tengan claro lo que no se debe hacer sin el detalle del análisis y la reflexión previa para evitar el supuesto de tener la mente clara y el dedo lúcido.
Seguramente varios factores los llevaron a caer en esta irresponsabilidad legislativa; el Primero; la Ignorancia; el desconocimiento de las leyes y los alcances que pueden tener las decisiones que emanan desde el órgano legislativo y que pueden beneficiar o perjudicar a las instituciones y a la propia ciudadanía. El Segundo; la Apatía; o el estado de indiferencia donde la única preocupación del legislador es esperar la respectiva dieta y aprovechar al máximo los beneficios económicos y políticos que representa mantener su curul sin importar mucho el sentido de las decisiones que se tengan que tomar en el pleno. Y por último; la Sumisión; el acatar la “línea” que desde la oficina del Ejecutivo se dicta con absoluta sumisión confiando en que es la decisión correcta porque beneficia los intereses de quienes están en la otra ala del poder y existe el interés de permanecer bajo su sombra y cobijo.
Cualquiera de estos tres factores son sin duda elementos que los ciudadanos repudiamos y que no deben ser la manera de actuar de quienes nos representan. Nos queda el sabor amargo de que no habrá sanción alguna para quienes se aprovecharon de su posición como legisladores para violentar nuestra carta magna y que seguramente son merecedores, además del juicio popular al que ya están sometidos, al juicio político ante su desaseado actuar legislativo.
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