/ viernes 5 de abril de 2019

¿Justicia para las personas trabajadoras del hogar?

Sin duda alguna, el arranque del Programa Piloto para la Incorporación de Personas Trabajadoras del Hogar (al IMSS) es un paso importante en materia de justicia social laboral para un amplio sector de la sociedad que había permanecido en el olvido. Sin embargo, es imprescindible considerar que en México el camino en ese campo es muy largo y aún falta mucho por andar.

Y es que si bien con este programa piloto las mujeres trabajadoras del hogar podrán acceder a una serie de servicios de seguridad social, por el momento no hay nada que garantice la erradicación de la problemática de la “esclavitud moderna” que, de acuerdo con la organización Human Rights Watch (HRW), sufren muchas de las personas (principalmente las mujeres) trabajadoras del hogar.

Esa esclavitud moderna no sólo consiste en las prácticas de contratación mal reguladas, sino también en unas serie de abusos cometidos contra muchos de los trabajadores (hombres y mujeres) domésticos. Es decir, el abuso físico, psicológico y sexual, el confinamiento forzado en el lugar de trabajo y la privación de alimentos, entre otros.

Por otra parte, este nuevo programa tampoco asegura que los trabajadores (hombres y mujeres) domésticos no serán objeto de discriminación o violencia (por su género, origen étnico, color de piel, edad, condición económica, nivel de educación formal y estatus migratorio), tal y como, en su momento, lo señaló Oxfam México.

En ese sentido, resulta de suma importancia que el Gobierno diseñe un programa que, apoyado por los instrumentos (legales y normativos) necesarios para atender y solucionar, de manera integral, el histórico problema de injusticia social y laboral para las personas (hombres y mujeres) trabajadoras del hogar.

Adicionalmente, será necesario garantizar que el Instituto Mexicano del Seguro Social tenga la capacidad (financiera, administrativa y operativa) para brindar la debida atención a los nuevos y futuros derechohabientes.

El asunto es que, de no visualizar y atender de manera integral el histórico problema de iniquidad contra las personas (hombres y mujeres) trabadoras del hogar, la justicia que traerá el nuevo programa piloto del IMSS sólo será de manera parcial y temporal, y no de forma total y permanente como debe de ser (y como debió de haber sido desde hace mucho tiempo).

En esta ocasión, concluyo citando lo dicho alguna vez por el filósofo, político y economista inglés, John Stuart Mill: “Justicia es el nombre que se da a la clase de reglas morales que más íntimamente conciernen a lo esencial del bienestar humano y, por lo tanto, obligan de un modo más absoluto que todas las otras reglas de conducta de la vida”.

laecita.wordpress.com

laecita@gmail.com


Sin duda alguna, el arranque del Programa Piloto para la Incorporación de Personas Trabajadoras del Hogar (al IMSS) es un paso importante en materia de justicia social laboral para un amplio sector de la sociedad que había permanecido en el olvido. Sin embargo, es imprescindible considerar que en México el camino en ese campo es muy largo y aún falta mucho por andar.

Y es que si bien con este programa piloto las mujeres trabajadoras del hogar podrán acceder a una serie de servicios de seguridad social, por el momento no hay nada que garantice la erradicación de la problemática de la “esclavitud moderna” que, de acuerdo con la organización Human Rights Watch (HRW), sufren muchas de las personas (principalmente las mujeres) trabajadoras del hogar.

Esa esclavitud moderna no sólo consiste en las prácticas de contratación mal reguladas, sino también en unas serie de abusos cometidos contra muchos de los trabajadores (hombres y mujeres) domésticos. Es decir, el abuso físico, psicológico y sexual, el confinamiento forzado en el lugar de trabajo y la privación de alimentos, entre otros.

Por otra parte, este nuevo programa tampoco asegura que los trabajadores (hombres y mujeres) domésticos no serán objeto de discriminación o violencia (por su género, origen étnico, color de piel, edad, condición económica, nivel de educación formal y estatus migratorio), tal y como, en su momento, lo señaló Oxfam México.

En ese sentido, resulta de suma importancia que el Gobierno diseñe un programa que, apoyado por los instrumentos (legales y normativos) necesarios para atender y solucionar, de manera integral, el histórico problema de injusticia social y laboral para las personas (hombres y mujeres) trabajadoras del hogar.

Adicionalmente, será necesario garantizar que el Instituto Mexicano del Seguro Social tenga la capacidad (financiera, administrativa y operativa) para brindar la debida atención a los nuevos y futuros derechohabientes.

El asunto es que, de no visualizar y atender de manera integral el histórico problema de iniquidad contra las personas (hombres y mujeres) trabadoras del hogar, la justicia que traerá el nuevo programa piloto del IMSS sólo será de manera parcial y temporal, y no de forma total y permanente como debe de ser (y como debió de haber sido desde hace mucho tiempo).

En esta ocasión, concluyo citando lo dicho alguna vez por el filósofo, político y economista inglés, John Stuart Mill: “Justicia es el nombre que se da a la clase de reglas morales que más íntimamente conciernen a lo esencial del bienestar humano y, por lo tanto, obligan de un modo más absoluto que todas las otras reglas de conducta de la vida”.

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