Reformas van y reformas vienen al sistema de justicia y el avance en la búsqueda de la prontitud y carencia de obstáculos, estorbos e inconvenientes como lo señala el artículo 17 de nuestra carta magna, nada más no llega a la sociedad chihuahuense.
Efectivamente, nuestra constitución dice que la justicia debe ser pronta y expedita, sin embargo, en los juicios civiles, familiares, laborales y penales, la prontitud y eficiencia no es una de sus características.
En el Supremo Tribunal de Justicia de nuestro estado, la situación es desesperante en muchos casos, hay decenas de litigantes que tienen que enfrentar la lentitud en los procesos al presentar una promoción para el acuerdo y hasta el incorrecto criterio de los juzgadores para la emisión de resolutivos en los juicios civiles y familiares tanto tradicionales como por audiencias.
En este tipo de juicios sobre todo, el retraso es desesperante ante la actuación de jueces obligados a “acordar” hasta el término legal cayendo en algunos casos en errores que obligan a recomponer el rumbo del litigio con la obligada pérdida de tiempo para las resoluciones.
Y que no comparezca el litigante ante el juzgador a reclamar, porque corre el riesgo de ser insultado por la autoridad que difícilmente acepta la queja oral y el litigante, sabedor de lo que representa la presentación de la queja escrita, prefiere buscar la forma de continuar con su trabajo aceptando los retrasos y correcciones que debe hacer en los juicios que litiga.
Sobre todo en el ámbito de los juicios familiares, el intento se ser “meticulosos” en el ejercicio del derecho, los juzgadores llegan a resoluciones basadas en presunciones armadas en las engañosas trampas de quienes, de mala fe, intervienen ante algún asunto que los involucra.
La excusa es la sobrecarga de trabajo que tienen los juzgados. Tan sólo en el Distrito Judicial Morelos hay casi tres mil juicios civiles y familiares, tanto en el sistema “tradicional” como en el nuevo sistema denominado “por audiencias” según informa el Instituto de Defensoría Pública que depende del Poder Judicial del estado de Chihuahua.
El reclamo de los litigantes es la falta de personal y en algunos casos de capacitación adecuada en los juzgadores del Poder Judicial para que el estado cumpla con el ordenamiento constitucional de que la justicia debe ser pronta y expedita. ¡A ver a qué horas!
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