Imaginemos a una persona que crea sus propios valores y se aleja del contrato social comúnmente aceptado. Sólo cuestiona los hechos establecidos y los valores sociales, pero no los hechos imaginados por él mismo. Cree que la liberación intelectual se funda en eliminar la excelencia como fuente de desigualdad. ¿Cómo pretende lograrlo? Creando una moral de rebaño, anulando cualquier mecanismo de autocrítica del sistema político y de las reglas del caudillo. Ahora, incluyamos en el experimento mental, que para todo caudillo, no haya instituciones independientes.
Esto se consigue eliminando los frenos para los excesos del Poder Ejecutivo, liberar al gobierno para que sus acciones no se sometan a la ley y, finalmente, que las mayorías pasen fácilmente y con impunidad por encima de los derechos fundamentales de las minorías. El primer paso, para lograrlo, es anulando la capacidad de jueces y juezas de emitir fallos imparciales, basados exclusivamente en los hechos y el derecho, sin estar sujetos a influencias externas. Esto es posible con nombramientos políticos y la condicionalidad del cargo, independientes del mérito.
En México, el sistema actual para el nombramiento de las y los jueces de distrito, así como de las y los magistrados federales se realiza a través de un riguroso proceso de selección que incluye concursos abiertos y exámenes, y se centra en el servicio y la capacidad, de acuerdo al reporte “Una Amenaza a la Independencia Judicial” de los grupos Diálogo Interamericano, del Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford, y de la Barra Mexicana de Abogados. Por lo contrario, las competencias dependerían sólo de la popularidad.
Vayamos olvidándonos de una probada eficiencia, capacidad e integridad, sin detalle de un mecanismo transparente, independiente y accesible para verificar el cumplimiento de estos requisitos durante la etapa de nominación. Todo esto se subordinaría para dar prioridad a la afiliación política sobre la capacidad y la moral. ¿Cómo se vería un juez en campaña electoral? ¿Cómo sabrá el elector si elige al mejor? ¿Un ciego elige a otro ciego? ¿No supone un mayor riesgo de que los candidatos busquen el apoyo financiero de partidos políticos o grupos de interés?
De acuerdo al Consejo Consultivo de Jueces Europeos, aunque la selección de jueces mediante elección popular puede conferir cierta legitimidad democrática, significa que los candidatos hacen campaña, participan en política y pueden verse tentados a comprar o vender favores, incluso, a los peores agentes, internos o externos. Y no hay mejor momento para comprar y vender favores que sincronizando los mandatos de los miembros del Tribunal Federal Electoral con el ciclo presidencial. De ahí se sigue, sin trabas, el control de las instituciones fundamentales que protegen la democracia:
Con el Instituto Nacional Electoral (INE), reduciendo su presupuesto y afectando su habilidad para supervisar la legalidad y la transparencia de las elecciones. En lo que toca al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), bloqueando los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, dejando sin sustento el juicio crítico de los ciudadanos. Sin igualdad ante la ley ni reglas del juego claras, terminaremos por intercambiar inversión y bienestar por pobreza y corrupción.
