Desde el inicio de la actual administración estatal, el combate a la corrupción imperante en el gobierno anterior fue prioritario bajo el lema “Operativo Justicia para Chihuahua”.
La denuncia constante en contra de la corrupción reinante en el sexenio de César Duarte fue la principal bandera electoral de Javier Corral. El hartazgo de los chihuahuenses favoreció al panista para que llegara a la gubernatura, el segundo de este partido después del gobierno de Francisco Barrio.
Ahora en el último de los cinco años de su gobierno se ha reanudado la batalla para llevar a juicio a los responsables del desvío de fondos públicos calculados entre 5 y 6 mil millones de pesos.
El encarcelamiento del ex dirigente nacional del juvenil priista por haber cobrado de la “nómina secreta” motivó a que otros seis involucrados acudieran a la Fiscalía como testigos protegidos para devolver 20 millones de pesos que habían recibido por parte de Duarte, a cambio de favorecerlo en sus acciones políticas, como el endeudamiento estatal por decenas de miles de millones de pesos.
Para lograr el apoyo de diversos personajes locales, César Duarte desvió, de acuerdo con el actual gobierno, más de mil millones por medio de lo que se conoce como la “nómina secreta”.
Entre los involucrados en este ilícito están políticos como la alcaldesa de la capital, el alcalde de Ciudad Juárez y un senador morenista que antes fue dirigente panista. El edil de la frontera fue uno de los que aceptó la responsabilidad y se acogió a la figura citada para evitar ser procesado al regresar el dinero mal habido.
Los tres políticos son conocidos precandidatos para la gubernatura, por lo que se ha señalado que la acción gubernamental tiene un sesgo político, lo cual ha rechazado el actual gobernador.
No dejan de surgir dudas al respecto, pues si desde hace años se tenían las pruebas que los involucraban en la nómina secreta, ¿por qué hasta ahora se procede en su contra? Al senador morenista incluso la fiscalía intenta procesarlo, por lo cual ya solicitó a la Cámara de Senadores que le quiten su fuero.
Como es precandidato para la gubernatura de este estado, el acusado se encuentra en el dilema de pedir licencia o no para poder ser electo como candidato, pues si lo hace perdería su fuero.
En cuanto a la presidente municipal capitalina, ésta ha negado las acusaciones, pero al parecer se encuentran respaldadas por documentos con su firma. Por lo pronto no se ha acogido a la figura del criterio de oportunidad y ha optado mejor por gestionar un amparo en contra de cualquier acción legal en su contra.
La secretaria de la función pública estatal además informó que existen 97 denuncias en contra de ex servidores públicos por el manejo irregular de recursos por casi 2 mil 800 millones de pesos.
La funcionaria señaló que en cinco de los desvíos detectados se encuentra relacionado el exgobernador César Duarte, actualmente detenido en Estados Unidos y sujeto a un juicio de extradición.
Para enjuiciar a Duarte, la fiscalía ha recurrido a los testigos protegidos con las prerrogativas que obtienen al fungir como tales, entre ellas la de evitar ser detenidos y recluidos en algún penal estatal como ha pasado con algunos exfuncionarios del gobierno anterior.
La batalla en contra de la corrupción es, pues, revivida por el actual gobernador, aunque involucre a personajes de su partido, pues ha reiterado que se procederá en contra de quien sea. Le queda menos de un año para concretar el operativo, el cual tendría como éxito culminante el enjuiciamiento del exgobernador en territorio chihuahuense.
Por consiguiente, la bandera bien podría ser replicada y utilizada por los candidatos de su partido en sus campañas, ya que no deja de tener su popularidad a pesar de las serias crisis que afectan a la entidad. Faltaría comprobar el cómo sus oponentes intentarán revertir los efectos en beneficio de su propia propuesta electoral.
