/ domingo 27 de septiembre de 2020

La corrupción ya es ¿derecho humano?

Desde el punto de vista real, los derechos humanos dependen de tres factores fundamentales: la democracia política y económica para el disfrute de los derechos humanos; las normas jurídicas que los garantizan y protegen; y el sociológico, que es el que da sustento a la conciencia colectiva sobre derechos humanos.

El filósofo alemán Karl Marx fue el primero en señalar que los derechos humanos no podían ser una concepción abstracta de libertad y emancipación respaldada por un conjunto de protecciones legales en defensa de los depredadores del ser social.

Sostuvo que son las condiciones materiales las que determinan el alcance real de los derechos humanos, por lo que para que su realización sea efectiva y real es necesaria una auténtica soberanía de la sociedad.

Los derechos humanos no son derechos de los individuos, sino de los seres humanos en las tramas sociales, relaciones y experiencias intersubjetivas.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, propuso el jueves pasado declarar inconstitucional la solicitud de consulta ciudadana enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la SCJN para llevar a juicio a expresidentes de México por el saqueo del país y corrupción en que incurrieron.

Argumento que conforme al artículo 35 de la Constitución señala que: “No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, ni las garantías para su protección”.

Vaya explicación. Ahora resulta que la sociedad no tiene derecho alguno de someter a justicia a quienes generaron un grave daño a la Nación y, por ende, a los derechos humanos de los mexicanos.

¿Será que la corrupción de los expresidentes es ya un derecho humano?

El presidente López Obrador desde que asumió la silla presidencial dejó en claro que él no iba a someterlos a proceso judicial, pero tampoco iba a ser su tapadera como era costumbre administración tras administración. Que fueran los ciudadanos quienes lo decidieran mediante una consulta popular para someterlos o no a la justicia.

“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?, fue la pregunta que López Obrador hizo a los ciudadanos, dos millones de los cuales votaron por el sí.

Para el magistrado de la Suprema Corte de Justicia, que por cierto fue designado por el entonces presidente Felipe Calderón, señaló que esa propuesta “conlleva en sí una restricción de los derechos humanos de las mexicanas y mexicanos y una afectación a las garantías para su protección, al condicionar su efectividad y ejecución al resultado de ese mecanismo participativo; desnaturalizando con ello su propósito y finalidad”.

¡Insólito! Ahora resulta que la consulta popular restringe los derechos humanos de los mexicanos, y afecta las garantías para su protección. ¿Acaso no sabe que fueron ellos los afectados, que los expresidentes violaron sus derechos humanos?

¿La consulta popular en qué daña las garantías de los derechos humanos? Ningún ciudadano va a procesar jurídicamente y mucho menos sancionar a los expresidentes aludidos.

Eso como bien lo señaló el presidente López Obrador es tarea y responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia que el 1 de octubre acatará o rechazará la tesis del ministro Luis María Aguilar.

Es aberrante que un ministro diga que la consulta popular restringe los derechos humanos. Es como si un juez penal dijera que los familiares y vecinos de una víctima, no pueden acusar al victimario, para no violentar los derechos humanos del asesino.

Concluyo reiterando una vez más, que los derechos humanos no es una concepción abstracta de libertad y emancipación respaldada por un conjunto de protecciones legales en defensa de los depredadores del ser social, como desde sus inicios Marx advirtió.

Veremos y diremos qué decisión toma el Pleno de la Suprema Corte de Justicia el 1 de octubre próximo. Espero que no se vayan a hacer los occisos como lo hicieron el 2 de octubre de 1968, que en la próxima entrega les compartiré.


Desde el punto de vista real, los derechos humanos dependen de tres factores fundamentales: la democracia política y económica para el disfrute de los derechos humanos; las normas jurídicas que los garantizan y protegen; y el sociológico, que es el que da sustento a la conciencia colectiva sobre derechos humanos.

El filósofo alemán Karl Marx fue el primero en señalar que los derechos humanos no podían ser una concepción abstracta de libertad y emancipación respaldada por un conjunto de protecciones legales en defensa de los depredadores del ser social.

Sostuvo que son las condiciones materiales las que determinan el alcance real de los derechos humanos, por lo que para que su realización sea efectiva y real es necesaria una auténtica soberanía de la sociedad.

Los derechos humanos no son derechos de los individuos, sino de los seres humanos en las tramas sociales, relaciones y experiencias intersubjetivas.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, propuso el jueves pasado declarar inconstitucional la solicitud de consulta ciudadana enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la SCJN para llevar a juicio a expresidentes de México por el saqueo del país y corrupción en que incurrieron.

Argumento que conforme al artículo 35 de la Constitución señala que: “No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, ni las garantías para su protección”.

Vaya explicación. Ahora resulta que la sociedad no tiene derecho alguno de someter a justicia a quienes generaron un grave daño a la Nación y, por ende, a los derechos humanos de los mexicanos.

¿Será que la corrupción de los expresidentes es ya un derecho humano?

El presidente López Obrador desde que asumió la silla presidencial dejó en claro que él no iba a someterlos a proceso judicial, pero tampoco iba a ser su tapadera como era costumbre administración tras administración. Que fueran los ciudadanos quienes lo decidieran mediante una consulta popular para someterlos o no a la justicia.

“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?, fue la pregunta que López Obrador hizo a los ciudadanos, dos millones de los cuales votaron por el sí.

Para el magistrado de la Suprema Corte de Justicia, que por cierto fue designado por el entonces presidente Felipe Calderón, señaló que esa propuesta “conlleva en sí una restricción de los derechos humanos de las mexicanas y mexicanos y una afectación a las garantías para su protección, al condicionar su efectividad y ejecución al resultado de ese mecanismo participativo; desnaturalizando con ello su propósito y finalidad”.

¡Insólito! Ahora resulta que la consulta popular restringe los derechos humanos de los mexicanos, y afecta las garantías para su protección. ¿Acaso no sabe que fueron ellos los afectados, que los expresidentes violaron sus derechos humanos?

¿La consulta popular en qué daña las garantías de los derechos humanos? Ningún ciudadano va a procesar jurídicamente y mucho menos sancionar a los expresidentes aludidos.

Eso como bien lo señaló el presidente López Obrador es tarea y responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia que el 1 de octubre acatará o rechazará la tesis del ministro Luis María Aguilar.

Es aberrante que un ministro diga que la consulta popular restringe los derechos humanos. Es como si un juez penal dijera que los familiares y vecinos de una víctima, no pueden acusar al victimario, para no violentar los derechos humanos del asesino.

Concluyo reiterando una vez más, que los derechos humanos no es una concepción abstracta de libertad y emancipación respaldada por un conjunto de protecciones legales en defensa de los depredadores del ser social, como desde sus inicios Marx advirtió.

Veremos y diremos qué decisión toma el Pleno de la Suprema Corte de Justicia el 1 de octubre próximo. Espero que no se vayan a hacer los occisos como lo hicieron el 2 de octubre de 1968, que en la próxima entrega les compartiré.