Históricamente Chihuahua ha cumplido y cumplirá la parte que le corresponde en el Tratado Internacional del Aguas con los Estados Unidos de Norteamérica.
El problema es que hoy la administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de manera unilateral y sin tomar en cuenta a los productores, está vaciando las presas de Chihuahua para llevarla a otros estados con el pretexto del cumplimentar el tratado internacional.
Esta es una muestra más del desdén de la mal llamada 4T para el pueblo de Chihuahua, especialmente para los miles de agricultores que sólo quieren trabajar, producir y llevar el sustento a sus familias.
El PRI respaldó desde un principio la legítima defensa de los productores, primero en la región centro-sur del estado en el caso de La Boquilla y hace unos días en Ojinaga, con la extracción en la presa El Granero.
Hicimos en su momento un llamado al gobierno federal para que diera marcha atrás y de la sorpresa pasamos a la frustración al revelarse que, desde el mes de diciembre de 2019, el gobernador Javier Corral supo y avaló los planes de la Conagua para llevarse el agua de Chihuahua.
Los productores chihuahuenses sufren entonces una doble traición, pero además el cinismo y la apatía de algunos actores panistas que sólo buscan reflectores mediáticos para llevar “agua a su molino”.
La defensa del agua es jurídica y junto con 15 alcaldes priistas promovimos controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el gobierno federal y Conagua, por el manejo del recurso hídrico de Chihuahua.
Cierto es que la rectoría del tema es de la administración federal, pero la ley también establece que en la toma de decisiones deben participar los gobiernos y productores, mandato que ha sido ignorado por Conagua y avalado por el propio gobernador de Chihuahua.
Peor aún, Javier Corral Jurado es parte de la controversia constitucional promovida por los alcaldes del PRI en defensa de los productores, y se ha “lavado las manos”.
En la misma postura se encuentran legisladores y alcaldes que prefieren posar para la foto y hacer declaraciones de una supuesta solidaridad, antes que sumarse a la lucha jurídica que emprendió el PRI a favor de los productores de Chihuahua.
No se vale.
Seguiremos atentos y dispuestos a continuar la batalla legal hasta sus últimas consecuencias, en el marco de la ley y sabedores que al pueblo de Chihuahua le asiste la razón.
*Omar Bazán Flores. Licenciado en Derecho, diputado local y presidente del Comité Directivo Estatal del PRI a partir de julio de 2017.
Empresario, dos veces diputado federal, dirigente juvenil, así como de la CNOP y fundación Colosio en el estado de Chihuahua.
