La crisis sanitaria nacional está produciendo efectos de carambola, como la demanda de cuatro gobernadores para que se renueve el pacto fiscal federal por considerarlo inequitativo.
Los costos económicos de la pandemia del Covid-19 se reflejan en el número de despedidos en tres semanas de cuarentena: 346,878. Esta cantidad es mayor al total de empleos nuevos creados en 2019: 342,077.
La decepción general del sector empresarial por el nuevo plan presentado por el presidente López Obrador se manifestó en la videoconferencia dirigida por el presidente del CCE, Carlos Salazar.
Impugnado por los líderes empresariales de Jalisco, Salazar Lomelín argumentó que el mandatario no oía y por ello no incluyó las propuestas de los organismos de la iniciativa privada.
Acorralado por las exigencias de sus agremiados, Lomelín responsabilizó a quien “había cerrado la puerta”, o sea AMLO, del millón de desempleos y la caída del 10% del PIB en este año.
La inconformidad empresarial presionó a los gobernadores y cuatro de ellos decidieron exigirle al Gobierno Federal una revisión y modificación del actual pacto fiscal. Los ejecutivos estatales aducen que sus cuatro entidades aportan el 26% del PIB y reciben mucho menos en participaciones federales.
Los mandatarios de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas fueron más moderados, pues demandaron sólo una revisión del citado pacto fiscal, mientras que el de Jalisco hizo suya la postura de los organismos empresariales de su estado y amagó incluso con salirse del acuerdo nacional fiscal.
La realidad es que este problema es aún más añejo que el del Tratado de Aguas de 1944, pues el pacto federal siempre ha mostrado una inequidad poco justificada para las entidades más productivas y por ende que más aportan al fisco.
El actual centralismo y autoritarismo de quien preside el poder Ejecutivo federal ha empeorado estas relaciones conflictivas surgidas ahora con la distribución irregular del cada vez más limitado gasto público.
Las incongruencias de las políticas económicas presidenciales motivaron que la promesa de crear dos millones de empleos fuera recibida con escepticismo por parte de los dueños de las Pymes, pues éstas corren un serio riesgo de ir a la quiebra si se prolonga la paralización de las actividades económicas en todo el país.
Así pues, la crisis sanitaria no sólo está repercutiendo en una crisis económica y social sino también política, sobre todo al cuestionarse el tradicional centralismo ejercido desde Palacio Nacional en lugar del federalismo establecido en nuestra Constitución política.
El sector productivo es el que sostiene la economía nacional, por lo que requiere el respaldo y apoyo gubernamental antes de que los daños puedan ser irreversibles y más costosos. Por ello el Gobierno Federal debe seguir no sólo las estrategias internacionales para enfrentar la pandemia sino también las aplicadas para amortiguar la peor recesión económica desde 1929.
