La algarabía de los diputados federales después de haber aprobado la derogación del fuero para todos los funcionarios públicos, incluido el presidente de la república, les duró poco pues los senadores les rechazaron la propuesta y quedó en suspenso pues concluyó el periodo ordinario de sesiones.
Los priistas habían promovido tal iniciativa como “la ley Meade”, ya que su candidato presidencial está en contra del fuero y ha publicitado su derogación como promesa de campaña. Bueno, sus propios compañeros senadores encabezados por Gamboa Patrón decidieron dar marcha atrás con el apoyo de los legisladores de Morena.
La decisión contradictoria por parte de los legisladores del tricolor despierta la sospecha de que haya sido sólo una artimaña para desinflar la tradicional propuesta de la oposición y continuar gozando el estar protegidos de cualquier acción jurídica, sobre todo ahora que algunos de ellos saltan a otro cargo público.
También puede haberse dado el caso de que el candidato haya vendido la idea a su partido huésped, el cual la asumió para fortalecer su decaída campaña. A última hora a la mejor pesaron más los temores de que se les aplicara la ley en forma inmediata, sobre todo a Peña Nieto y colaboradores, si llegaran a ser derrotados en las urnas.
El fuero fue legalizado para evitar que los legisladores pudieran ser víctimas de los abusos de poder por parte del Ejecutivo, como sucedió en forma trágica con el senador Belisario Domínguez al que Victoriano Huerta mandó cortarle la lengua por haberlo denunciado como usurpador y haber mandado asesinar a Madero y Pino Suárez.
El instituto del Senado que lleva el nombre del mártir, fue el que dictaminó en contra la decisión de los diputados federales aduciendo fallas de orden jurídico. Estas anomalías pudieron ser corregidas en el plazo designado y luego ser aprobada sin más trámites la eliminación del fuero.
En una nación agobiada por continuos y escandalosos actos de corrupción de funcionarios públicos, los cuales en lugar de ser castigados continúan medrando escudados en el fuero, es más que justificable que se cancele la aplicación desigual de la ley.
La corrupción crece exponencialmente en los tres poderes y en todos los niveles de gobierno debido a la impunidad imperante y la complicidad mutua de los delincuentes disfrazados de “servidores públicos”.
Un significativo paso para acabar con la corrupción y la impunidad reinantes, los dos cánceres que están destruyendo a las instituciones y el tejido social es eliminar el fuero y que se les aplique en forma equitativa a todos los ciudadanos la ley, del presidente para abajo.
El país sólo saldrá adelante cuando se establezca y funcione un estado real de derecho. Lo demás son sólo promesas efímeras de campaña.
