En el discurso de Andrés Manuel, candidato presidencial puntero, destacan tres conceptos. Uno: Combate a la corrupción, dos: Combate a la impunidad, tres: Combate a los privilegios. Los dos primeros son temas recurrentes de campañas políticas, de las actuales y pasadas, el tercero es un tema tabú.
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) es un organismo constitucional que tiene a su cargo vigilar que los monopolios: una empresa o varias (oligopolios) no dominen el mercado, es decir, la economía del país en beneficio de unos cuantos, es el caso en el sector financiero de las afores y los bancos coludidos.
¿De qué tamaño es el perjuicio económico en contra del erario público?: 6.2 billones de pesos, o sea 326 mil millones de dólares, sólo en los últimos diez años (2007-2017). El daño de los 50 millones de trabajadores que tienen sus “ahorros” en las Afore no está calculado en esta cifra, ¿cuál es la fuente de esta cifra estratosférica? La Cofece por conducto de su titular, Carlos Mena.
La anterior cifra se dio por la Cofece por estas fechas del año pasado, el 19 de Abril, la Cofece anunció una investigación sin precedente, para analizar la posible colusión entre grupos financieros, casas de bolsa, administradores de fondos de retiro (Afore) y organismos reguladores (Consar y Comisión Nacional Bancaria).
Producto de la investigación de esta dependencia, cuatro grandes Afore privadas fueron multadas con la sanción histórica de 1,100 millones de pesos por colusión, y presumirse prácticas monopólicas: Profuturo (Alberto Bailleres, Peñoles), SURA (trasnacional financiera colombiana), Banorte XXI (Carlos Hank) y Principal (trasnacional financiera norteamericana).
De acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica, las prácticas monopólicas consisten: “En aquellos contratos, convenios, arreglos o combinaciones de agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea la manipulación de precios, restricción o limitación de la oferta o demanda, concertación o coordinación de posturas en licitaciones…”.
En otras palabras, estos cuatro grandes grupos financieros, fueron multados por la Cofece por ponerse de acuerdo, coludirse, en su beneficio y en perjuicio del erario nacional.
Cada año el gobierno federal coloca cientos de miles de millones de pesos, en valores gubernamentales como Cetes, en el mercado financiero, al coludirse los bancos, encarecen artificialmente la intermediación, por encima de una comisión justa y legal a la que sí tienen derecho.
La investigación abierta por la Cofece abarcó: “Todos los instrumentos de deuda emitidos por el gobierno Federal, los estados y municipios, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (ex Fobaproa) y empresas estatales como Pemex y la CFE”.
El trancazo estaba duro, la élite en el poder reaccionó rápido y contundente, como suele hacerlo en estos casos, el titular de la autoridad investigadora de estos casos, de la Cofece, presentó su “renuncia” a menos de tres meses de iniciada la investigación.
El profesor Raymundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas del Tecnológico de Monterrey, nos cuenta esta historia así: “No estamos ante un asunto menor, sino ante un posible daño patrimonial enorme, que involucraría, básicamente, a los seis mayores bancos del país, que habrían actuado como un cártel para fijar tasas de interés, y eso provoca que el gobierno mexicano tenga que pagar más”, entiéndase por lo anterior, que usted, amable lector, yo, y todos los mexicanos, tengamos que pagar más a los bancos.
Estos son algunos de los privilegios que Andrés Manuel, como presidente de la república, tendrá que enfrentar, no lo podrá hacer solo, para eso se requiere el apoyo de millones de mexicanos.
Tomé como fuente de información de este artículo la edición 2115 de la revista Proceso, del 14 de mayo de 2017, mi agradecimiento a esa revista.
