La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la encargada de hacer las revisiones pertinentes de las diferentes políticas públicas que lleva a cabo el gobierno federal o de las entidades federativas con recursos federales, con la finalidad de que, una vez que se emiten las recomendaciones, permitan una adecuación de dichas acciones, con miras a que dicha política se reoriente hacia el objetivo que se tuvo en cuenta para ser emitido; el gran problema en el caso de la historia reciente de nuestro país es que las recomendaciones se emiten y se emiten año con año, sin que se le brinde de herramientas de seguimiento, persuasión o castigo, lo que da como consecuencia que no se corrijan, lo cual hace evidente el uso político de dichas políticas.
En el caso de la educación, que es la temática regular de esta columna editorial, en días anteriores, se acaba de dar a conocer por parte de la ASF el Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2018, el cual contiene diferentes documentos que dan cuenta de los hallazgos encontrados en materia de la aplicación de recursos.
Como un ejemplo de lo anterior, la Auditoría con número de registro 96-GB, que hace referencia a las evaluaciones de la calidad de la educación básica, establece que, desde 2013, cuando se emitieron las modificaciones legales en materia educativa del pasado gobierno federal se destacaba la carencia de información consistente de los resultados de las evaluaciones de la calidad de la educación, y la falta de vinculación entre éstos y la toma de decisiones de las autoridades educativas, sin embargo, desde entonces, y hasta este año pasado, persistió la falta de un modelo de evaluación integral que articulara los resultados de las evaluaciones de los componentes del SEN, y la carencia de un modelo de uso de los resultados para la toma de decisiones de las autoridades educativas, debido a la débil coordinación que conllevó a: la desarticulación y la falta de sinergia en la instrumentación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa; la implementación de la Política Nacional de Evaluación Educativa sin un enfoque sistémico, carente de una planeación estratégica e integral; la ausencia de lineamientos para regular las evaluaciones de cuatro de los cinco componentes del SEN, y la falta de instrumentación de una estrategia conjunta entre el INEE y la SEP para difundir los resultados de las mediciones y considerar las directrices emitidas por el instituto para la mejora de la calidad educativa.
Mucho nos falta de recorrer en nuestro país para que podamos contar con evidencia de que se quiere avanzar por el camino de la rendición de cuentas, esperemos que las nuevas autoridades generen información y acciones que permitan fortalecer el ataque a los grandes problemas sociales.
https://manuelnavarrow.com
