Por: María Soledad Limas Frescas
Vale la pena expresar algunos puntos sobre la consulta popular del presidente López y que se llevará a cabo el próximo domingo, misma que será organizada por INE, de acuerdo con las facultades que la ley le confiere.
El artículo 35 fracción VIII de nuestra Carta Magna establece que son derechos del ciudadano votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia, quedando obviamente la aplicación de la ley fuera de la consulta, porque simplemente ésta debe aplicarse sin consulta alguna.
Morena y López Obrador están convocando a la consulta popular para preguntarle al “pueblo” si están de acuerdo o no que se castigue a los expresidentes Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, sin embargo la anterior pregunta fue el planteamiento original del presidente; dicha interrogante no puede ser consultada con la ciudadanía simplemente por el capricho de AMLO, porque si algún funcionario público, desde el presidente de la República hasta quien ocupe el más modesto de los puestos públicos cometieron algún delito, la ley debe aplicarse a quien la viola o incumple, no es facultad de la ciudadanía determinar si la ley se aplica o no a X o Y persona, la ley debe aplicarse sin distingo alguno a quien la incumple, para eso tenemos un Estado de Derecho.
Ante la incongruencia del planteamiento original para la consulta popular, la mayoría de los ministros de la Suprema Corte reformularon la pregunta, y quedó un “mazacote” casi incomprensible que reza: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?, éste será el contenido de la pregunta que nada tiene que ver con el planteamiento original, por las razones ya expuestas. Si se siguió adelante con la referida consulta con anuencia de la mayoría de los ministros de la Corte, fue para no contradecir al titular del Ejecutivo federal.
En plena crisis, en la que el gobierno no tiene recursos para lo indispensable, no hay recursos para vacunas contra el Covid, ni para comprar medicamentos y dar seguimiento a los tratamientos de los niños con cáncer, que siguen falleciendo por el recorte ordenado por AMLO en ese rubro, mucho menos para tener el servicio médico de “Noruega o Dinamarca” a que se comprometió en los discursos populistas de campaña y al inicio de su gestión. Es verdaderamente lamentable que la famosa consulta popular costará 530 millones de pesos, que serán “desperdiciados”, ya que se requieren 37 millones de votos para que sea vinculante y resulta difícil que acuda a votar ese número tan grande de ciudadanos, en el remoto caso que así fuera ¿de qué serviría?, si ya sabemos que la ley debe aplicarse independientemente del resultado de la consulta. Que no se olvide el presidente, que con la vara que mida será medido, y que sus resultados y los de sus colaboradores también están bajo la lupa de la ley.
