La Auditoría Fiscal de la Federación (ASF) es el órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, con autonomía técnica y de gestión, que se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos, los estados, municipios, fideicomisos y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales. Su trabajo se traduce en los llamados Informes Individuales de Auditoría y en el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. Depende de la Cámara de Diputados, lo que significa la representación del pueblo, misma que, a través de su Comisión de Vigilancia y su Unidad de Evaluación y Control, valora su desempeño como lo dispone el artículo 76 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
En nuestro diseño constitucional, la ASF, como el órgano supervisor y vigilante del ejercicio del gasto federal, juega un papel clave en el combate contra la corrupción, que es uno de los pilares fundamentales de la cuarta transformación y cuya promesa de combate permanente, sin temor a equivocarme, fue lo que, por convicción de más de 30 millones de mexicanos, llevaron al triunfo el 1 de julio pasado al Proyecto Alternativo de Nación, hoy gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto resulta muy relevante, porque este viernes pasado, la ASF debió presentar un informe parcial sobre la revisión de la Cuenta Pública 2019, que será la primera de la nueva administración.
Diversos problemas han surgido este año en los trabajos de la ASF, explicados por los efectos de la pandemia y las dificultades que con las medidas de distanciamiento significa instrumentar las labores de fiscalización. Resultado de ello fue que el Plan Anual de Auditorías 2020 se ajustó a la baja. El portal “México Evalúa” estima que hay una reducción de 29% con respecto a las revisiones practicadas a la Cuenta Pública de 2018 y el primer informe que debió entregarse en junio no se presentó.
Es trascendental una labor eficiente de la ASF y existen grandes expectativas en su desempeño. Su trabajo en la vigilancia de los recursos federales debe publicarse y ser convincente, para permitir sentar las bases de un avance continuo y efectivo de la cuarta transformación. Una adecuada fiscalización es un requisito fundamental para combatir la corrupción. Los instrumentos jurídicos de combate se le otorgaron en las reformas que derivaron de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.
Finalmente, y como lo señala el estudio de los autores Marco Fernández y Roberto de la Rosa intitulado “La ASF y la fiscalización superior en tiempos de mayorías”, de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, la labor de la ASF no será efectiva si no va acompañada del seguimiento de los procesos administrativos y penales derivados de sus hallazgos, de los cuales de 1998 a 2017 sólo 22 de 1,004 denuncias (el 2.2%) han llegado a sentencias. Vale señalar que ahora la ASF es responsable del seguimiento de los procesos, aún en poder de los ministerios públicos.
Sin el involucramiento y la participación decidida de la ciudadanía será imposible atacar efectivamente el fenómeno de la corrupción. El éxito de esta cruzada no está sólo en confiar en la honestidad de individuos o grupos de servidores públicos específicos, sino principalmente en sistemas y controles eficientes instrumentados por órganos autónomos que cumplan con sus cometidos constitucionales.
