“La peor forma de injusticia es la justicia simulada.” (Platón)
Dionisia Chaparro es una mujer madre de tres hijos que creyó en la buena fe de la empresa SCRAP, que le prometió venderle una propiedad de las que fueron abandonadas, y por la desmedida avaricia de esta empresa, ha defraudado a muchos chihuahuenses ante la ceguera de la autoridad.
Vale decir que este tipo de empresas se dedican a “coyotear” créditos de Infonavit que por alguna circunstancia caen en cartera vencida. Así, en junio del 2009 remataron su vivienda y sin notificación alguna hacia ella el 11 de octubre del 2019 se presentaron en su casa con la fuerza pública con armas largas, además de un actuario y alrededor de 20 personas para desalojar sus pertenencias y las de sus tres hijos.
Todos sus muebles fueron arrojados a la calle sin consideración, resultando con algunos objetos robados, muebles dañados, pérdidas cuantiosas y hasta en los útiles escolares de los hijos se ensañó el procedimiento jurídico sin que nadie se hiciera responsable, sin inventario ni depositario. Fue un desalojo forzoso legal, irracional, injusto e inhumano.
Como pudo resolvió Dionisia la situación. Promovió un amparo a través de un abogado de defensoría que el juzgado Décimo de Distrito le negó y un año después confirmó el Primer Colegiado en Materia Civil y del Trabajo del Decimoséptimo Circuito.
Durante ese año elevó sus protestas ante jueces, magistrados, funcionarios de Derechos Humanos, autoridades municipales y estatales, hasta una huelga de hambre que hoy valora continuar frente a la Ciudad Judicial para vergüenza de jueces y magistrados. Nadie ha podido ayudarle; su casa, ubicada en Loma Dorada, se encuentra abandonada y la familia violentada en sus más elementales derechos.
Jueces y magistrados se burlan de los Derechos Humanos y de las propias leyes cuando resuelven la ejecución de un desalojo con la fuerza pública cuando se trata de una familia. Dionisia escribe: “Los jueces del lado de la corrupción, no ven por los vulnerables, es inhumano, aberrante tener este tipo de jueces en nuestro estado, hemos estado en situación de calle y a ninguna autoridad le ha interesado, las víctimas somos tratados como delincuentes”.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en sus artículos 12, 16, 17 y 25 una serie de derechos entre los que destacan el derecho a la familia, la vivienda y la propiedad, nuestra carta magna establece claramente en su artículo cuarto el derecho a la vivienda digna y decorosa y los tratados internacionales como El Pacto de San José, El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos de los Niños entre otros, también asumen esta postura, por lo que los desalojos forzosos deberían estar fuera de la ejecución cuando se trata de una familia que tiene el derecho de uso y disfrute de habitación como también lo especifica el propio Código Civil del Estado de Chihuahua.
En pocas palabras, el Estado debería proporcionar la seguridad a la familia en el tema de la vivienda cuando ésta es desalojada por la fuerza y no apoyar las arbitrarias decisiones basadas en los términos legaloides que argumentan para justificar tan aberrantes acciones. ¡Suena sólida la frase de Platón al proemio de este escrito!
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