Por Juan González Lechuga
¿Te imaginas un día llegar a tu casa, después de tu rutina diaria, y lo primero que encuentras es la cerradura de la puerta forzada y varios destrozos?, te das cuenta que entraron a robar tus pertenencias como joyas, dinero, electrodomésticos, además de un claro daño a tu bien inmueble que de paso dejaron los ladrones.
Para tu satisfacción las cámaras de seguridad de tu casa y de la zona pudieron grabar a quienes participaron en el acto ilícito donde se puede identificar claramente a los actores del delito. Tu primera acción es buscar que se aplique justicia y se castigue a los ladrones, sin embargo para iniciar el proceso correspondiente con las autoridades lo primero que tendrías que hacer es convocar a una asamblea con todos los vecinos de tu colonia o fraccionamiento para que, al estilo de Poncio Pilato, juntos determinar si los ladrones tendrían que ser procesados por los delitos de robo y daños a tu patrimonio, es decir que antes que las instituciones correspondientes de la persecución del delito actúen se tendría a someter a la decisión de los vecinos, independientemente si su decisión fue justa o no.
Suena increíble, parece incluso un mal chiste que a la persona que ha cometido un delito, se le tenga que realizar una consulta para determinar el inicio de un proceso, pero la realidad es que este mal chiste es una verdad en donde ha caído la búsqueda de impartición de justicia en nuestro país.
Si, en nuestro país se ha promovido una consulta para juzgar a los expresidentes, desde Salinas hasta Peña Nieto, por medio de una propuesta realizada por el presidente Lopez hacia la SCJN para determinar sobre la constitucionalidad de la famosa Consulta, la cual nos arroja diversas inquietudes de las que deberíamos estar muy preocupados principalmente por la forma de acceso a la justicia y su uso político:
¿Por qué no usar los mecanismos ya establecidos por la constitución para enjuiciar a los ex presidentes?
O fuera del periodo de gobierno, ¿por qué no utilizar las instituciones correspondientes? Que por una razón han sido creadas específicamente para la persecución del delito en nuestro país.
¿Para qué gastar en una consulta? que aunque aun no se determina el costo que como ciudadanos tenemos que cubrir, es claro que será un gasto que pudiera ser enfocado en otras prioridades, que claramente las hay y mas en un momento tan critico económicamente hablando por la cuestión de la pandemia.
La justicia tiene que aplicarse a quien comenta un acto fuera de ley o ¿acaso existe una preferencia para determinar a quién se le puede castigar? O ¿cualquier persona tendría la misma oportunidad de consultar si merece ser castigado o no?
¿Acaso estamos viviendo supuestos donde la justicia es selectiva?
Lo que es claro y determinante y no podemos dejar de lado es la falsa aplicación de justicia, en donde se pone en segunda opción el acceso de justicia para los gobernados donde las instituciones creadas para darnos una certeza jurídica se ven sobrepasadas por el poder de una persona, con estas acciones uno se cuestiona su existencia y su dependencia.
El otorgar el poder al pueblo para tomar decisiones sobre la impartición de justicia al muy estilo de Roma, supone acciones tan peligrosas como votar por el NO en la consulta dando la posibilidad a personajes como los Duartes y otros actores políticos corruptos a utilizar esta medida como protección, la justicia no debe de ser una opción para hacer cumplir o no la ley, tiene que ser una garantía concreta y eficaz para todos los mexicanos.
Busquemos la justicia para todos los feminicidios en nuestro país, justicia para los agricultores, por los desaparecidos… todos anhelamos y buscamos un país más justo que nos den certeza jurídica, donde se juzgue de igual forma al ladrón de la cuadra hasta el presidente, sin excepciones, con un marco normativo, sin consultas patito, simplemente porque así tiene que ser, porque lo marca la ley y ésta debe de cumplirse en la búsqueda de la justicia.
Nos sobran leyes, nos falta justicia. NO A LA CONSULTA PATITO
