En un veredicto insólito en la historia de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad invalidó la Ley Bonilla que ampliaba a cinco años el gobierno de Jaime Bonilla Valdez en Baja California.
No recuerdo un caso similar en la turbulenta crónica electoral del país en que el máximo organismo judicial echara abajo una reforma de un congreso local calificándola de fraudulenta y de vulnerar la esencia del proceso democrático.
Bonilla al tener que gobernar ahora sólo dos años declaró que acatará el fallo legal y trató tibiamente de justificarse por su turbia maniobra argumentando que lo habían invitado para contender por un periodo de cinco años.
La realidad es que la ampliación ilegal del Gobierno bajacaliforniano fue primero urdida por los diputados locales para favorecer al candidato electo morenista. A pesar de que la mayoría era panista, los legisladores sesionaron discretamente en Rosarito para sacar adelante la reforma unos días después de la elección estatal en el mes de junio del año pasado.
Luego la modificación anticonstitucional fue avalada por cinco de los municipios de esta entidad, a excepción del de Mexicali. No se hizo ninguna modificación posterior, por lo que al iniciar sus actividades gubernamentales Bonilla se preparó para hacerlo por cinco años consecutivos.
La que a simple vista era una flagrante violación a la Carta Magna fue dejada correr por el Gobierno Federal, e incluso la secretaríia de Gobernación al asistir a la toma de protesta del gobernador como representante presidencial fue grabada cuando en reunión privada le decía a Jaime Bonilla que la norma “prevalecería”.
Este turbio ejercicio de prolongar un periodo de gobierno posteriormente a las elecciones fue interpretado por la oposición como un ensayo previo de la intencionalidad de AMLO por hacer lo mismo con su sexenio.
Ahora con la decisión irrevocable de la SCJN el asunto es aplaudido por tirios y troyanos, aunque una buena parte de la clase política nacional, sobre todo del partido en el poder, guardaron un silencio cómplice y nada hicieron para revertir el fraude cometido por los legisladores y munícipes bajacalifornianos.
Ahora bien, si este acto fue calificado por el máximo tribunal del país como ilegal se debería investigar y sancionar judicialmente a los responsables, entre los cuales se señala por parte de algunos comentaristas a Ricardo Peralta, actual subsecretario de Gobernación.
El hecho citado no deja de ser una muestra positiva de que, aunque débil y cuestionada, aún opera la división de poderes en el país, la cual es una condición básica para que funcione un auténtico sistema democrático.
Por ello se debe felicitar a los integrantes de la SCJN por haber decidido en forma honesta y por unanimidad eliminar la absurda reforma ilegal en Baja California, hecho que debería sentar jurisprudencia para evitar este tipo de corruptelas e intentonas golpistas tanto en los estados como en el poder federal.
