Lilia Aguilar Gil
Que por favor cuando usted lector o sus familiares salgan de su hogar para ir a trabajar o estudiar, hagan todo lo posible por no toparse con un “malandro”, no se vaya por lo oscurito, no haga nada que pueda ponerlo en peligro, como ir de vacaciones, por ejemplo, no vaya a ser que corra la misma mala suerte de Patrick Braxton.
¿Ridículo que nuestro día a día sea visto así, verdad? Pero lo es, al menos para las autoridades de nuestro estado. La explicación que dio el gobernador se reduce a estar en el momento y en el lugar equivocado, o sea, que el estado de Derecho no existe, y que al igual que el malandro, pues a ver si un día lo hallamos y nuestra suerte es buena.
El contrato social, ese del que ya casi no se habla porque está como devaluado, pero sobre el cual supuestamente descansa y se apoya una sociedad democrática como la nuestra. Pagamos impuestos, renunciamos a ejercer justicia por propia mano y cedemos a través del voto la confianza para que a quienes elegimos, cumplan con un mínimo de obligaciones.
Uno de ellos, uno de los más importantes, diría yo, es el de salvaguardar nuestra seguridad. Pero esto, desde hace décadas que no sucede. El crimen organizado, con una inercia que cada vez nos aterroriza más como sociedad pero que al mismo tiempo hemos normalizado, es un peligro constante que recordamos todos los días con tan sólo abrir un diario o ver la televisión.
Esa inercia no ha logrado ser contenida por las autoridades, al contrario, a veces se coluden y escapan de la justicia, porque ellos mismos la aplican, dejando en completa desprotección a la ciudadanía.
He repetido mil y una veces que la falta de estrategia se ha convertido en el peor enemigo de nuestra seguridad. El caso lamentable de Patrick, ciudadano norteamericano que vacacionaba en la sierra de Chihuahua, es un ejemplo de ello. Las investigaciones, los sucesos, las explicaciones y declaraciones del caso demuestran la incompetencia en todos los niveles de gobierno, desde el municipal, hasta el estatal.
Versiones confusas sólo para cubrir esa incompetencia, explicaciones que involucran el destino y la mala suerte de Patrick, repetir que “se hará justicia” como si eso la volviera realidad por el simple hecho de decirlo, es clara irresponsabilidad y omisión al contrato social al que nos signamos.
La omisión e incompetencia de las autoridades no está necesariamente en el combate contra el crimen organizado, sabemos que este fenómeno es nacional y que compete a los tres niveles de gobierno su lucha, pero donde sí hay responsabilidad estatal es en la deficiente impartición de justicia, en los discursillos al aire: estuvo en el lugar y en el momento equivocado, eso no es una explicación, eso es una justificación a la incompetencia.
lilia.agulargil.2015@gmail.com
