/ martes 26 de mayo de 2020

La mugre de las energías limpias

“Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad”: Nelson Mandela


La semana pasada, el Centro Nacional de Control de Energía publicó un acuerdo para frenar la entrada de operaciones de las centrales eólicas y solares que desató una ola de comentarios en medios y redes sociales en contra del Gobierno de la 4T al manejar que lo que se pretende es fortalecer la CFE para incrementar los precios de la energía eliminando la posibilidad de contar con energías limpias disminuyendo los costos.


Nada más alejado de la realidad. Los gobernadores Francisco Cabeza de Baca, de Tamaulipas, donde existen 11 parques eólicos con una inversión superior a los 2,300 millones de dólares y cuatro más que serán cancelados, así como Javier Corral, de Chihuahua, de inmediato fijaron su postura con los argumentos de que se está pronunciando la Federación contra el desarrollo y progreso nacional de nuestro país, así como que tenemos la necesidad de ganar certidumbre jurídica a la inversión, generación de empleos y recuperación económica.


De inmediato comenzaron los amparos, a los cuales pocos ciudadanos tenemos acceso si se considera a criterio de no sé quién que no es una actividad esencial, de las empresas extranjeras que inexplicablemente ante la situación de emergencia que enfrentamos y se tramitaron en el juzgado primero de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones en seis expedientes que concedieron la suspensión provisional de la medida ordenada por el Centro Nacional de Control del Energía.


Y es que la famosa Reforma Energética, aprobada en 2013, permitió la participación de empresas privadas en el sector eléctrico para producir energía solar y eólica y las primeras empresas se instalaron en comunidades de Oaxaca y Yucatán violando los derechos de los pueblos; pagaron rentas mínimas por la explotación de tierras, no se realizaron consultas y se aprobaron esos proyectos antes de consultar a sus habitantes.


Según la plataforma de datos abiertos del Gobierno Federal, actualmente hay al menos 154 empresas con permisos para generar electricidad con energía renovable operando en 24 estados de la República Mexicana.


Organizaciones como Greenpeace, El Poder del Consumidor, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y la Iniciativa Climática de México coincidieron en que es necesario que México transite de una energía fósil a las renovables, pero sin violar los derechos de los pueblos. Una transición energética que viola los derechos humanos y que afecta ecosistemas tampoco es una solución. Volvemos al tema; ¿Desarrollo o Bienestar?...


Correo: vicmedina@hotmail.com

“Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad”: Nelson Mandela


La semana pasada, el Centro Nacional de Control de Energía publicó un acuerdo para frenar la entrada de operaciones de las centrales eólicas y solares que desató una ola de comentarios en medios y redes sociales en contra del Gobierno de la 4T al manejar que lo que se pretende es fortalecer la CFE para incrementar los precios de la energía eliminando la posibilidad de contar con energías limpias disminuyendo los costos.


Nada más alejado de la realidad. Los gobernadores Francisco Cabeza de Baca, de Tamaulipas, donde existen 11 parques eólicos con una inversión superior a los 2,300 millones de dólares y cuatro más que serán cancelados, así como Javier Corral, de Chihuahua, de inmediato fijaron su postura con los argumentos de que se está pronunciando la Federación contra el desarrollo y progreso nacional de nuestro país, así como que tenemos la necesidad de ganar certidumbre jurídica a la inversión, generación de empleos y recuperación económica.


De inmediato comenzaron los amparos, a los cuales pocos ciudadanos tenemos acceso si se considera a criterio de no sé quién que no es una actividad esencial, de las empresas extranjeras que inexplicablemente ante la situación de emergencia que enfrentamos y se tramitaron en el juzgado primero de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones en seis expedientes que concedieron la suspensión provisional de la medida ordenada por el Centro Nacional de Control del Energía.


Y es que la famosa Reforma Energética, aprobada en 2013, permitió la participación de empresas privadas en el sector eléctrico para producir energía solar y eólica y las primeras empresas se instalaron en comunidades de Oaxaca y Yucatán violando los derechos de los pueblos; pagaron rentas mínimas por la explotación de tierras, no se realizaron consultas y se aprobaron esos proyectos antes de consultar a sus habitantes.


Según la plataforma de datos abiertos del Gobierno Federal, actualmente hay al menos 154 empresas con permisos para generar electricidad con energía renovable operando en 24 estados de la República Mexicana.


Organizaciones como Greenpeace, El Poder del Consumidor, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y la Iniciativa Climática de México coincidieron en que es necesario que México transite de una energía fósil a las renovables, pero sin violar los derechos de los pueblos. Una transición energética que viola los derechos humanos y que afecta ecosistemas tampoco es una solución. Volvemos al tema; ¿Desarrollo o Bienestar?...


Correo: vicmedina@hotmail.com

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