/ domingo 26 de junio de 2022

La narcopolítica, NO. Seguridad integral, SÍ

El brutal asesinato de miles de víctimas del crimen organizado en diversos estados y regiones de nuestro país, entre ellos, el de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas, acribillados por un capo del Cártel de Sinaloa, en el altar de Cerocahui, en la Sierra Tarahumara, ha generado un agudo impacto sociopolítico en diversos medios de comunicación no sólo en nuestro estado y país, sino también en diversas naciones órganos internacionales e incluso el Vaticano.

Considero que los opositores a AMLO y la 4T difunden y propalan a diestra y siniestra que la crisis humanitaria referida es responsabilidad del presidente de la república, a quien acusan de no enfrentar al narcotráfico e incluso de estar de acuerdo con los cárteles de la droga, lo que es no sólo una provocación de su mandato, sino también con el fin de bloquear la 4T y por supuesto, recuperar el régimen neoliberal a partir de la elección presidencial de 2024.

Se les olvida que la “guerra contra el narcotráfico” que Felipe Calderón impuso el 11 de diciembre de 2006, al asumir la fraudulenta elección de la Presidencia de República, fue un fiasco.

El titular del Poder Ejecutivo federal consolidó literalmente un NARCOESTADO, con la confabulación de los jefes de las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno; comandantes de las zonas militares y del extinto Estado Mayor Presidencial, con los cárteles del narcotráfico que se expandieron a lo largo y ancho de nuestro país.

La colusión de gobierno-narcos fue soterrada y giraba principalmente en torno al cultivo de enervantes de inicio. Años después, se institucionalizó con sobornos de millones de dólares que le aportaban los cárteles del narcotráfico más poderosos, a cambio de que les permitieran trasladar cocaína y heroína de Colombia y Asia; procesar drogas químicas en los laboratorios clandestinos y lo más redituable, traficarlas para su venta a Estados Unidos, principal consumidor de drogas.

La corrupción de la “guerra contra el narcotráfico” llegó a tal extremo, que incluso funcionarios de Pemex le ofrecieron al “Mayo” Zambada pipas para el traslado de las drogas.

Los prototipos más evidentes de que el gobierno de Calderón fortaleció el narcoestado, son dos:

  1. Los testimonios jurídicos que los narcotraficantes han aportado a los jueces norteamericanos que los procesan, son en contra de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública y principal líder de la falsa “guerra contra el narcotráfico”, el cual como es de dominio público, fue detenido y procesado en Texas, acusado de tres delitos graves que se sancionan en EU con cadena perpetua. Se los comparto: conspiración para efectos de tráfico de drogas; cobro de soborno efectuados por el Cártel de Sinaloa y, falsedad de declaraciones.

  2. El segundo prototipo es el escandaloso episodio operativo “Rápido y Furioso”, fraguado en 2009, por la oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés), mediante el cual se trasladaron a nuestro país más de 2,500 armas de alto poder –supuestamente para identificar a contrabandistas que los traficaban y a los clientes que los compraban— que fueron a parar a las manos de los narcotraficantes, en particular del Cártel de Sinaloa y el Cártel de Juárez.

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa jura y perjura que no tuvo conocimiento del operativo Rápido y Furioso, lo que es rrisible, esto es, ridículo, pues para nadie es un secreto que su “guerra contra el narcotráfico” él la creó y difundió.

Concluyo, estimados lectores. Una cosa es la delincuencia común y otra muy distinta la delincuencia organizada. La primera perturba la tranquilidad y la paz de la sociedad civil. La otra, vulnera la seguridad de los ciudadanos y siembra terror, pero también transgrede el Estado de derecho, la gobernabilidad, el desarrollo económico, social y político y hasta el cultural.

Es urgente que la delincuencia organizada y los cárteles del narcotráfico se tipifiquen jurídicamente como un riesgo a la SEGURIDAD INTERIOR Y LA NACIONAL.

Tan es así, que los narcotraficantes a lo largo y ancho del país señalan a diversos medios: “Queremos demostrar con nuestras finanzas y autoridad que podemos sobresalir” y también que las autoridades locales son de su “propiedad”, aunque ellos no son “autogobierno”.

Veremos y diremos si en vez de promocionar la “narcopolítica” se consolida la seguridad de la sociedad, si se articulan debidamente las órdenes de gobierno federal, estatal y municipal en el rubro de la seguridad pública, que constitucionalmente tienen la responsabilidad de PREVENIR, CONTENDER, INVESTIGAR Y SANCIONAR, los delitos del crimen organizado.

Bien lo dijo el papa Francisco. “Una vez más repito que la violencia no resuelve los problemas, sino que crece el sufrimiento inútil”. Más claro ni el agua.




El brutal asesinato de miles de víctimas del crimen organizado en diversos estados y regiones de nuestro país, entre ellos, el de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas, acribillados por un capo del Cártel de Sinaloa, en el altar de Cerocahui, en la Sierra Tarahumara, ha generado un agudo impacto sociopolítico en diversos medios de comunicación no sólo en nuestro estado y país, sino también en diversas naciones órganos internacionales e incluso el Vaticano.

Considero que los opositores a AMLO y la 4T difunden y propalan a diestra y siniestra que la crisis humanitaria referida es responsabilidad del presidente de la república, a quien acusan de no enfrentar al narcotráfico e incluso de estar de acuerdo con los cárteles de la droga, lo que es no sólo una provocación de su mandato, sino también con el fin de bloquear la 4T y por supuesto, recuperar el régimen neoliberal a partir de la elección presidencial de 2024.

Se les olvida que la “guerra contra el narcotráfico” que Felipe Calderón impuso el 11 de diciembre de 2006, al asumir la fraudulenta elección de la Presidencia de República, fue un fiasco.

El titular del Poder Ejecutivo federal consolidó literalmente un NARCOESTADO, con la confabulación de los jefes de las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno; comandantes de las zonas militares y del extinto Estado Mayor Presidencial, con los cárteles del narcotráfico que se expandieron a lo largo y ancho de nuestro país.

La colusión de gobierno-narcos fue soterrada y giraba principalmente en torno al cultivo de enervantes de inicio. Años después, se institucionalizó con sobornos de millones de dólares que le aportaban los cárteles del narcotráfico más poderosos, a cambio de que les permitieran trasladar cocaína y heroína de Colombia y Asia; procesar drogas químicas en los laboratorios clandestinos y lo más redituable, traficarlas para su venta a Estados Unidos, principal consumidor de drogas.

La corrupción de la “guerra contra el narcotráfico” llegó a tal extremo, que incluso funcionarios de Pemex le ofrecieron al “Mayo” Zambada pipas para el traslado de las drogas.

Los prototipos más evidentes de que el gobierno de Calderón fortaleció el narcoestado, son dos:

  1. Los testimonios jurídicos que los narcotraficantes han aportado a los jueces norteamericanos que los procesan, son en contra de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública y principal líder de la falsa “guerra contra el narcotráfico”, el cual como es de dominio público, fue detenido y procesado en Texas, acusado de tres delitos graves que se sancionan en EU con cadena perpetua. Se los comparto: conspiración para efectos de tráfico de drogas; cobro de soborno efectuados por el Cártel de Sinaloa y, falsedad de declaraciones.

  2. El segundo prototipo es el escandaloso episodio operativo “Rápido y Furioso”, fraguado en 2009, por la oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés), mediante el cual se trasladaron a nuestro país más de 2,500 armas de alto poder –supuestamente para identificar a contrabandistas que los traficaban y a los clientes que los compraban— que fueron a parar a las manos de los narcotraficantes, en particular del Cártel de Sinaloa y el Cártel de Juárez.

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa jura y perjura que no tuvo conocimiento del operativo Rápido y Furioso, lo que es rrisible, esto es, ridículo, pues para nadie es un secreto que su “guerra contra el narcotráfico” él la creó y difundió.

Concluyo, estimados lectores. Una cosa es la delincuencia común y otra muy distinta la delincuencia organizada. La primera perturba la tranquilidad y la paz de la sociedad civil. La otra, vulnera la seguridad de los ciudadanos y siembra terror, pero también transgrede el Estado de derecho, la gobernabilidad, el desarrollo económico, social y político y hasta el cultural.

Es urgente que la delincuencia organizada y los cárteles del narcotráfico se tipifiquen jurídicamente como un riesgo a la SEGURIDAD INTERIOR Y LA NACIONAL.

Tan es así, que los narcotraficantes a lo largo y ancho del país señalan a diversos medios: “Queremos demostrar con nuestras finanzas y autoridad que podemos sobresalir” y también que las autoridades locales son de su “propiedad”, aunque ellos no son “autogobierno”.

Veremos y diremos si en vez de promocionar la “narcopolítica” se consolida la seguridad de la sociedad, si se articulan debidamente las órdenes de gobierno federal, estatal y municipal en el rubro de la seguridad pública, que constitucionalmente tienen la responsabilidad de PREVENIR, CONTENDER, INVESTIGAR Y SANCIONAR, los delitos del crimen organizado.

Bien lo dijo el papa Francisco. “Una vez más repito que la violencia no resuelve los problemas, sino que crece el sufrimiento inútil”. Más claro ni el agua.