Es a Benito Juárez al que tradicionalmente se le atribuye la frase de que para los amigos justicia con clemencia mientras que para los enemigos justicia a secas. Tal parece que ésta sigue siendo la fórmula de la Procuraduría General de Justicia (PGR), pues ha actuado en forma parcial y opaca en casos donde están involucrados personajes políticos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer los resultados de la revisión aleatoria de la cuenta pública del 2016 encontrando irregularidades por más de cien mil millones de pesos, entre los cuales destaca la desviación de 2 mil 130 millones de pesos en la Sedesol y Sedatu cuando Rosario Robles estuvo encargada de estas secretarías.
Los auditores de la ASF entrevistaron a los empleados de las dependencias estatales involucradas, los cuales declararon que fueron obligados a firmar decenios de convenios de los cuales no recibieron recursos pues éstos fueron destinados a otras empresas “fantasma” y cuentas personales en el extranjero.
Este multimillonario fraude a las arcas públicas, que bien podría ser llamado “la estafa maestra dos”, no ha sido al parecer investigado por la PGR y menos se han presentado las denuncias penales a los responsables, igual a lo ocurrido con la publicitada “estafa maestra” dada a conocer por la misma ASF el año pasado.
El encargado de la procuraduría al parecer anda más ocupado armando casos sobre los cuestionables manejos del candidato presidencial del frente Ricardo Anaya que en indagar sobre los escandalosos casos de corrupción por parte de integrantes del gabinete presidencial, como el de Odebrechet que implicó al ex director de Pemex Emilio Lozoya.
En contraste el nombramiento del fiscal general autónomo continúa congelado en el congreso federal, al igual que el del fiscal Anticorrupción. La sospecha crece al respecto pues más que ineficiencia e intereses electorales en juego todo hace indicar que se pretende posponer poner en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción, pues afectaría a la actual administración.
La aplicación de la justicia será equitativa y expedita cuando existan fiscales independientes como en otros países latinoamericanos y éstos no dependan del presidente en turno para actuar de acuerdo a sus designios en lugar de hacerlo acorde a las leyes.
En el “año de Hidalgo” es prioritario que existan y funcionen los mecanismos fiscalizadores que impidan el saqueo impune de los recursos públicos realizados por quienes están a cargo de ellos. La justicia mientras continúe siendo un lejano ideal y la corrupción la práctica cotidiana alimentarán el creciente malestar social que podría volcarse no sólo en las urnas, sino también en manifestaciones menos pacíficas y civilizadas.
