Titulares van y vienen, pero los casos, los cientos de casos que debe atender y resolver la aún Procuraduría General de la República (PGR), ahí siguen: la inoperancia también ahí sigue; los casos icónicos como Ayotzinapa, Tlatlaya, Nochixtlán… sí, ellos también ahí siguen y también por ahí, en una larga fila y desde hace mucho tiempo queriendo entrar, está la autonomía.
Vayamos por partes. El funcionario debe contar con cierto perfil profesional, como en todo puesto, en una institución como lo es la PGR, que reza en su misión: Contribuir a garantizar el Estado democrático de Derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la Constitución mediante una procuración de justicia federal eficaz y eficiente, apegada a las reglas generales de conducta sustentadas en los principios rectores del servicio público: bien común, integridad, honradez, imparcialidad, justicia, transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad, igualdad, respeto y liderazgo.
Sin embargo, en una institución con ese objetivo, cuenta mucho cómo llega, más que quién llega. Los análisis políticos y periodísticos que se dan cuando se va a elegir a un nuevo procurador, tienen que ver más con los "lazos" o "relaciones" que tiene el candidato, que con sus credenciales. ¿Por qué?, porque una institución encargada de la procuración de justicia requiere autonomía y no dependencia.
El proceso de designación del titular de la PGR es un proceso atado a los vaivenes políticos, no hay autonomía ni mucho menos transparencia. La gran mayoría de los procuradores de este país han carecido de autonomía. Y eso significa atarse de manos. "¿Acusar al jefe? Nunca", claramente dirán los procuradores.
Ahora, contar con procuradores que tengan expertise y credenciales suficientes para ocupar el puesto, no es suficiente. Y no sólo por la autonomía, sino porque la institución, la cual debería de funcionar con la exactitud de un reloj, no lo hace. Y esto la ha condenado a ser obsoleta.
El informe que en febrero pasado presentó el último procurador, señalaba que existía un rezago del 70 por ciento de asuntos sin resolver y un 80 por ciento de investigaciones abiertas sin detenidos, además de reconocer una inexistente capacitación a Ministerios Públicos, policías y peritos.
Esto y los casos que señalaba al inicio, icónicos todos ellos porque están plagados de trampas, corrupción, inacción, incapacidad, vicios de la propia institución, y que ahí siguen y seguirán encerrados dentro de los cientos de expedientes, y como nudos impunes en la memoria de la ciudadanía.
Después de la renuncia del procurador ¿qué sigue?, vendrá el nuevo o nueva titular de la PGR o quizás se quede el encargado mientras diseñan las reglas de la Fiscalía, esa que ya suena como el Sistema Nacional Anticorrupción, así, rimbombante, pero disfuncional porque son elefantes blancos incapaces de cumplir sus funciones.
La procuración de justicia no es algo abstracto, es algo que todos hemos vivido alguna vez. Quién no ha ido a interponer una denuncia de algún delito, desde un robo hasta el asesinato de un ser querido; a ellos les preguntaría cuál ha sido su experiencia. La mía ha sido frustrante. Un sistema que trata mejor a los delincuentes o presuntos delincuentes y que revictimiza a las víctimas, requiere urgentemente, como mínimo, reformas profundas, lo ideal, un rediseño a todo el sistema, pasando por la elección de un titular que no le deba su puesto a nadie porque sólo eso provocará que cumpla con su trabajo.
Por eso señalo al inicio, procuradores van y procuradores vienen, fiscales podrán venir e ir, importa, pero lo único que nos dará a los mexicanos una institución que procure justicia, es un sistema que aún no sabemos cuándo llegará ni tampoco podemos estar seguros de que cuando llegue, funcionará.
lilia.aguilargil.2015@gmail.com
