/ jueves 24 de septiembre de 2020

La politización y polarización en la batalla por el agua

El problema del agua en Chihuahua ha derivado en una serie de intervenciones de actores políticos que en lugar de propiciar una solución al conflicto lo han enrarecido y complicado.

Ahora bien, la adecuada politización de la falta de agua en las presas chihuahuenses, las que están a un 30 por ciento de su capacidad, deberían haber presentado opciones para superar la crisis ahora agravada por la severa sequía.

En cambio, la polarización y enfrentamientos causados principalmente por la cerrazón del gobierno federal ha llevado el caso a situaciones extremas que ya causaron una primera víctima mortal a manos de elementos de la Guardia Nacional.

La Conagua informó que Chihuahua debería aportar el 54 por ciento del vital líquido para saldar la deuda con los Estados Unidos y sólo lo ha hecho con el 17 por ciento. No aclara por qué el estado debe asumir más de la mitad del compromiso establecido en 1944.

El asunto es que Chihuahua debe entregar más agua que la recibida por el río Bravo a través del río Concho, el cual alimenta a las presas La Boquilla, Las Vírgenes y El Granero.

La solución para que cumpla la entidad fue sencilla para la Conagua: abrir las compuertas de estas presas, aunque su almacenamiento sea bajo y pueden quedarse sin agua suficiente para el próximo ciclo agrícola.

El problema se agravó debido a que el presidente López Obrador hasta ahora ha avalado las medidas de la Conagua colocando el cumplimiento del Tratado Internacional sobre el riesgo para cientos de miles de habitantes de los municipios chihuahuenses que viven de la agricultura.

La respuesta de los agricultores de la zona fue tomar la presa La Boquilla para evitar que se continuara extrayendo el agua, lo que ocasionó un enfrentamiento con la Guardia Nacional, la que al replegarse evitó un alto costo de víctimas.

Sin embargo, unos elementos de la misma dispararon a una pareja de campesinos del municipio de Meoqui que regresaban de la manifestación, resultando muerta la joven mujer y seriamente lesionado su esposo.

El Congreso local sesionó para apoyar a los agricultores en la cortina de La Boquilla y el gobernador Corral ha realizado una serie de entrevistas donde ha declarado que no tiene comunicación con la Presidencia de la República, externando a la vez que su gobierno respalda la exigencia de los usuarios de riego y responsabiliza a la Conagua por el agravamiento del problema.

En los 75 años de vigencia del Tratado Internacional jamás se había dado un conflicto como el actual, pues en algunas ocasiones en que no se cumplió se hizo posteriormente en el siguiente ciclo. El problema es que en el anterior no se hizo y ahora la Conagua tiene la presión de hacerlo para el siguiente mes por lo que ha adoptado medidas que perjudican al estado de Chihuahua.

A la disputa por demostrar quienes tiene razón se han sumido personajes políticos que pueden tener aspiraciones electorales, pero ello no es una prueba contundente de que el conflicto sea de esta índole y derivado de las elecciones del año próximo.

La sugerencia presidencial de que se podría echar mano de otras presas, sobre todo las internacionales, podría ser parte de la solución, pues Chihuahua no puede entregar lo que no tiene ya que padece la peor sequía de este siglo.

Todo conflicto social es político, lo cual es inherente al mismo, pero se debe interpretar a la política también como el arte de llegar a acuerdos y no de radicalización irracional para fines personales o partidistas.

Evitar la polarización debe ser un criterio seguido no sólo por los manifestantes, sino principalmente por la Presidencia y sus seguidores, pues es prioritario el bien común sobre los fines ideológicos de cualquier tipo, sean de izquierda o derecha. Ojalá así lo comprendan los protagonistas de este complejo conflicto.


El problema del agua en Chihuahua ha derivado en una serie de intervenciones de actores políticos que en lugar de propiciar una solución al conflicto lo han enrarecido y complicado.

Ahora bien, la adecuada politización de la falta de agua en las presas chihuahuenses, las que están a un 30 por ciento de su capacidad, deberían haber presentado opciones para superar la crisis ahora agravada por la severa sequía.

En cambio, la polarización y enfrentamientos causados principalmente por la cerrazón del gobierno federal ha llevado el caso a situaciones extremas que ya causaron una primera víctima mortal a manos de elementos de la Guardia Nacional.

La Conagua informó que Chihuahua debería aportar el 54 por ciento del vital líquido para saldar la deuda con los Estados Unidos y sólo lo ha hecho con el 17 por ciento. No aclara por qué el estado debe asumir más de la mitad del compromiso establecido en 1944.

El asunto es que Chihuahua debe entregar más agua que la recibida por el río Bravo a través del río Concho, el cual alimenta a las presas La Boquilla, Las Vírgenes y El Granero.

La solución para que cumpla la entidad fue sencilla para la Conagua: abrir las compuertas de estas presas, aunque su almacenamiento sea bajo y pueden quedarse sin agua suficiente para el próximo ciclo agrícola.

El problema se agravó debido a que el presidente López Obrador hasta ahora ha avalado las medidas de la Conagua colocando el cumplimiento del Tratado Internacional sobre el riesgo para cientos de miles de habitantes de los municipios chihuahuenses que viven de la agricultura.

La respuesta de los agricultores de la zona fue tomar la presa La Boquilla para evitar que se continuara extrayendo el agua, lo que ocasionó un enfrentamiento con la Guardia Nacional, la que al replegarse evitó un alto costo de víctimas.

Sin embargo, unos elementos de la misma dispararon a una pareja de campesinos del municipio de Meoqui que regresaban de la manifestación, resultando muerta la joven mujer y seriamente lesionado su esposo.

El Congreso local sesionó para apoyar a los agricultores en la cortina de La Boquilla y el gobernador Corral ha realizado una serie de entrevistas donde ha declarado que no tiene comunicación con la Presidencia de la República, externando a la vez que su gobierno respalda la exigencia de los usuarios de riego y responsabiliza a la Conagua por el agravamiento del problema.

En los 75 años de vigencia del Tratado Internacional jamás se había dado un conflicto como el actual, pues en algunas ocasiones en que no se cumplió se hizo posteriormente en el siguiente ciclo. El problema es que en el anterior no se hizo y ahora la Conagua tiene la presión de hacerlo para el siguiente mes por lo que ha adoptado medidas que perjudican al estado de Chihuahua.

A la disputa por demostrar quienes tiene razón se han sumido personajes políticos que pueden tener aspiraciones electorales, pero ello no es una prueba contundente de que el conflicto sea de esta índole y derivado de las elecciones del año próximo.

La sugerencia presidencial de que se podría echar mano de otras presas, sobre todo las internacionales, podría ser parte de la solución, pues Chihuahua no puede entregar lo que no tiene ya que padece la peor sequía de este siglo.

Todo conflicto social es político, lo cual es inherente al mismo, pero se debe interpretar a la política también como el arte de llegar a acuerdos y no de radicalización irracional para fines personales o partidistas.

Evitar la polarización debe ser un criterio seguido no sólo por los manifestantes, sino principalmente por la Presidencia y sus seguidores, pues es prioritario el bien común sobre los fines ideológicos de cualquier tipo, sean de izquierda o derecha. Ojalá así lo comprendan los protagonistas de este complejo conflicto.