Por: Jesús Abdala Abbud Yepiz, integrante del Comité de Participación Ciudadana
El verbo “corromper” -desde su concepción etimológica- significa alterar la naturaleza de una cosa. En el sector gobierno estaríamos en presencia de corrupción cuando nuestros representantes, a quienes les conferimos una función pública determinada, modifiquen la naturaleza “pública” de una institución, de presupuestos, de decisiones, de recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos; usándolos con propósitos excluyentes y para conservar o incrementar el poder de un grupo sobre otros, ya sea con fines políticos y/o económicos. Es decir, la corrupción refiere a todo aquello que, mediante la captura, se altera en detrimento de su naturaleza original.
Una vez conceptualizado el problema, resulta importante resaltar que los esfuerzos para controlar y disminuir la corrupción en el sector público son cuesta arriba. Más aún si el Estado Mexicano -entendido en términos de gobierno y en sus tres niveles- es el encargado de ir en contra de los factores reales de poder, entendidos estos como cualquier fuerza social, tales como: grupos de empresarios, empresas trasnacionales, la Iglesia, movimientos sociales, el crimen organizado, medios de comunicación, entre otros, que tienen la capacidad de influir en la toma de decisiones a partir de la acción o de la amenaza de ejercer sus recursos políticos, sean estos legales o ilegales como la inversión, marchas, mítines, ocupaciones, huelgas, pago de sobornos, extorsiones, y los que resultan de la violencia; que presionan al Estado y repercuten en la desviación de sus fines.
A nivel nacional y en prácticamente todas las entidades federativas del país, los esfuerzos anticorrupción padecen de procrastinación -acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables- porque, entre otros, los actores políticos perciben riesgos en esta lucha que pudiesen afectar sus futuras aspiraciones electorales o de poder, sin darse cuenta que, precisamente ahí, en la atención de fondo al problema, atacando su raíz, está el mayor rédito político, sobre todo en un sentido preventivo por encima de lo punitivo. La sociedad mexicana y chihuahuense demandan enérgicamente resultados en la materia, principalmente por la deuda social histórica que se tiene con generaciones de millones de mexicanas y mexicanos a quienes el Estado les obstruyó o violó sus derechos fundamentales.
Aunado a lo anterior, en la lucha anticorrupción se sufre del síndrome de “hubris”. El término ‘hubris’ es un concepto griego que significa desmesura. Es lo contrario a la sobriedad, a la moderación y alude al ego desmedido y a la sensación de omnipotencia. En la mitología griega se aplicaba a los que, víctimas de su propia arrogancia, se creían y actuaban como dioses. La corrupción como los otros grandes problemas del país no pueden ser resueltos por una persona o un reducido grupo de ellas. Mucho menos debe considerarse que la solución está únicamente en la clase política, porque el peor combate a la corrupción es el que se hace desde la arena política-electoral que se realiza con bazucas contra los adversarios y con escudos protectores con los aliados. Esta lucha en particular debe darse en coordinación con la sociedad civil, los empresarios, los profesionistas y el sector académico. De lo contrario, haciendo una analogía, la lucha anticorrupción sería tan absurda como aquella que pudiera hacer un enfermo terminal que, primero, no se quiere curar, y sin el apoyo de doctores especialistas, de la medicina y de la compañía y atención de sus seres queridos.
En esa tesitura, la lucha anticorrupción en Chihuahua como en el país, bajo un enfoque de prevención, tiene que desarrollarse en una esfera de coordinación y de voluntad de todas las partes y sectores. Entender que cuando se habla de riesgos y/o posibles hechos de corrupción desde los Sistemas Nacional y Locales Anticorrupción se hace sin filias ni fobias, sin intereses distintos al beneficio colectivo de la sociedad. En esta lucha no debería haber adversarios sino aliados que, si bien pueden pensar diferente, entienden de fondo la necesidad de atacar las causas de la corrupción para disminuir sus trágicas consecuencias.
Hace ya bastantes años era tabú que un ciudadano preguntará el sueldo o la remuneración total de un presidente de la república o de los gobernadores de los estados; en la actualidad no tener acceso a esa información es la excepción y no la regla. Así, debemos transitar a que hablar de riesgos y/o probables hechos de corrupción no lleva implícito un ataque personal con fines partidistas o en contra de la gobernabilidad de un Estado, sino al contrario, atender, por parte de las autoridades, las diferentes posturas por medio del diálogo y sobre todo tener la voluntad de solucionar las demandas sociales como un modelo que sustente la propia gobernabilidad y la paz social. Todo lo anterior, bajo la premisa de que nada por respeto se puede callar porque todo con respeto se puede decir.
- La verdad desde mi ignorancia.
Autor: Jesús Abdala Abbud Yepiz, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua.
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