La iniciativa del Ejecutivo federal para modificar la Constitución, que recién envió al Congreso de la Unión, específicamente a la Cámara de Diputados, se trata de una Contrarreforma Energética que tiene como puntos medulares: regresar a la Comisión Federal de Electricidad el monopolio de la generación, transmisión y comercialización de la energía eléctrica, así como una transición energética, para pasar al consumo principal de combustibles no renovables, contaminantes y desaparecer los organismos autónomos que regulaban todo este proceso.
Cambia la denominación de Pemex y CFE, dejan de ser empresas productivas del Estado, lo que les obligaba a participar como una compañía más y sin ventajas, para abrir el mercado eléctrico y petrolero a la sana competencia con las empresas privadas, para mejorar la eficiencia de las mismas y sus precios al consumidor final.
La reforma propone la integración de la CFE, al desaparecer la gran mayoría de sus filiales y subsidiarias, quedando prohibida la participación privada en prácticamente todas las áreas del sector eléctrico, reservándose en exclusiva para la CFE. Además se establece que la explotación del litio será actividad exclusiva del Estado mexicano.
Desaparecen la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, (CREE), absorbiendo la Secretaría de Energía sus facultades y atribuciones. Asimismo, el Cenace, actual operador del Sistema Eléctrico Nacional, desaparece. Con esto la CFE se convierte en su propio juez y regulador, porque además todos estos organismos se quedan prácticamente sin presupuesto, ni personal.
La iniciativa de reforma también establece que “Los permisos de generación eléctrica y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado, se cancelan ...”, de igual manera, la generación procedente del Autoabastecimiento no será reconocida ni adquirida por la CFE.
Todo esto viola el T-MEC y varios tratados comerciales como el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) y el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, entre otros, lo que provocará una andanada de demandas Estado-Estado, que se calcula van a ascender a más de 1,600 millones de pesos.
Todo esto se va a reflejar en alzas en las tarifas eléctricas y en los subsidios, provocando inflación y escasez de recursos para salud, educación y desarrollo económico. Al prohibirse el autoabasto, no se sabe hasta dónde van a llegar los efectos, dado que muchas empresas además de las grandes, medianas, pequeñas y micro utilizan paneles solares, o compran energía a privados, la reforma tampoco aclara qué pasará con los paneles de uso doméstico. La diferencia entre el costo de generación de la CFE y de las empresas privadas es de más de un 50%, como se veía claramente en las subastas a que se obligaba a participar a la CFE.
Al retornar a las energías contaminantes, como el carbón y el combustóleo (prohibido en casi todo el mundo), se contribuye a la contaminación, el cambio climático y se provocarán problemas graves de salud en la población.
