/ viernes 20 de septiembre de 2024

La reforma militar: La política de seguridad fallida que promueve AMLO

Por Alex Batista

Ayer se aprobó en la Cámara de Diputados, la propuesta del presidente de pasar la Guardia Nacional (antes Policía Federal) al Ejército.

Y esta reforma envés de atender los verdaderos problemas de inseguridad, repite los mismos patrones de fracaso que se tenían antes, militarizando la seguridad pública y las funciones civiles de los policías.

La inseguridad es el problema más grave que tiene el país desde hace ya tiempo y necesita urgentemente un cambio de estrategia. Desgraciadamente, el presidente que afirmó en su segunda campaña presidencial que “no es con el Ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y violencia”, cambio de opinión en su mandato, y no esta haciendo más que lo mismo que se hacía antes.

Con esta estrategia de seguridad, el presidente cerrará su gobierno con cerca de 200 mil homicidios dolosos y más de 60 mil personas desaparecidas, según los registros de defunciones por homicidio del INEGI y el último Informe de Seguridad del Gobierno de México y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

En este contexto viene esta propuesta. Que más allá de buenos resultados en seguridad y en reducción de homicidios y desapariciones durante el gobierno, solamente esta respalda por su exposición de motivos; la cual dice que los militares deben de ocupar la seguridad pública por la alta percepción de confianza y aceptación que generan entre la población mexicana, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de la INEGI.

La realidad es que la Guardia Nacional ha tenido un impacto mínimo en la seguridad pública, siendo responsable de menos del 2% de las detenciones en el país.

Siendo las policías estatales quienes detienen 23 veces más personas que la GN, según el informe del Programa de Seguridad Ciudadana de la IBERO. Lo demás, lo realizan las policías municipales, las cuales cada vez es más frecuente que se les apoye menos y se les otorguen menos recursos.

Y más allá de los desastrosos resultados en seguridad, esta reforma también es una grave amenaza a los derechos humanos, la transparencia y la rendición de cuentas. Bien lo menciona Juanita Goebertus, directora de la división de Human Right’s Watch: “Estas peligrosas propuestas… otorgarían un poder sin precedentes a los militares y eliminarían garantías establecidas para proteger los derechos humanos”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México, debido a la larga lista de quejas que se tienen en contra de los militares cuando se han encargado de las labores de la seguridad pública. Las quejas incluyen asesinatos, torturas, desapariciones, violaciones y detenciones arbitrarias.

Es de suma importancia no olvidar los casos de Rosendo Cantú y Ayotzinapa.

La reforma es tan grave, que el año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró inconstitucional la reforma debido a que las funciones de seguridad pública son de competencia exclusiva de las autoridades civiles.

Esta reforma también dificultaría la transparencia y rendición de cuentas, ya que el presidente pone a el Ejército a hacer otras cosas que no tienen nada que ver con sus funciones primarias.

Desde el 2010 hasta la fecha, se le ha entregado al ejército más de 227 funciones civiles según México Unido contra la Delincuencia. Entre ellas el control de las aduanas, el control de los puertos y la construcción de mega proyectos, como la refinería dos bocas y el tren maya.

Esto obviamente hace más difícil la rendición de cuentas, ya que los militares a menudo se niegan a cumplir con las solicitudes transparencia sobre sus actividades, diciendo que la información es reservada por temas de seguridad nacional.

Y es más compleja aún la transparencia, cuando esta reforma contempla que los militares que formen parte de la GN, solo puedan ser juzgados por tribunales militares. El infame “fuero militar”.

La militarización de la seguridad pública ahora y antes, ha sido un fracaso desde hace 18 años. Desde Calderón y hasta Peña Nieto. Pero lo lamentable aquí, es que el presidente prometió hacer un cambio de dirección en campaña, pero en la práctica, no nos llevo más que a donde mismo.

Otorgar al presidente la autoridad de desplegar a los militares adentro del país, cuando quiera y de manera indefinida; y otorgar un poder sin precedentes a los militares, es una grave amenaza a los derechos humanos y para la seguridad en México.

Se que no podemos hacer mucho, ya que MORENA tiene un poder total para modificar la constitución. Pero creo que si no se tienen los votos, de perdida que se escuche nuestra voz.

Por nuestro futuro, nos toca a nosotros proteger la justicia y los derechos humanos en México.

Por Alex Batista

Ayer se aprobó en la Cámara de Diputados, la propuesta del presidente de pasar la Guardia Nacional (antes Policía Federal) al Ejército.

Y esta reforma envés de atender los verdaderos problemas de inseguridad, repite los mismos patrones de fracaso que se tenían antes, militarizando la seguridad pública y las funciones civiles de los policías.

La inseguridad es el problema más grave que tiene el país desde hace ya tiempo y necesita urgentemente un cambio de estrategia. Desgraciadamente, el presidente que afirmó en su segunda campaña presidencial que “no es con el Ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y violencia”, cambio de opinión en su mandato, y no esta haciendo más que lo mismo que se hacía antes.

Con esta estrategia de seguridad, el presidente cerrará su gobierno con cerca de 200 mil homicidios dolosos y más de 60 mil personas desaparecidas, según los registros de defunciones por homicidio del INEGI y el último Informe de Seguridad del Gobierno de México y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

En este contexto viene esta propuesta. Que más allá de buenos resultados en seguridad y en reducción de homicidios y desapariciones durante el gobierno, solamente esta respalda por su exposición de motivos; la cual dice que los militares deben de ocupar la seguridad pública por la alta percepción de confianza y aceptación que generan entre la población mexicana, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de la INEGI.

La realidad es que la Guardia Nacional ha tenido un impacto mínimo en la seguridad pública, siendo responsable de menos del 2% de las detenciones en el país.

Siendo las policías estatales quienes detienen 23 veces más personas que la GN, según el informe del Programa de Seguridad Ciudadana de la IBERO. Lo demás, lo realizan las policías municipales, las cuales cada vez es más frecuente que se les apoye menos y se les otorguen menos recursos.

Y más allá de los desastrosos resultados en seguridad, esta reforma también es una grave amenaza a los derechos humanos, la transparencia y la rendición de cuentas. Bien lo menciona Juanita Goebertus, directora de la división de Human Right’s Watch: “Estas peligrosas propuestas… otorgarían un poder sin precedentes a los militares y eliminarían garantías establecidas para proteger los derechos humanos”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México, debido a la larga lista de quejas que se tienen en contra de los militares cuando se han encargado de las labores de la seguridad pública. Las quejas incluyen asesinatos, torturas, desapariciones, violaciones y detenciones arbitrarias.

Es de suma importancia no olvidar los casos de Rosendo Cantú y Ayotzinapa.

La reforma es tan grave, que el año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró inconstitucional la reforma debido a que las funciones de seguridad pública son de competencia exclusiva de las autoridades civiles.

Esta reforma también dificultaría la transparencia y rendición de cuentas, ya que el presidente pone a el Ejército a hacer otras cosas que no tienen nada que ver con sus funciones primarias.

Desde el 2010 hasta la fecha, se le ha entregado al ejército más de 227 funciones civiles según México Unido contra la Delincuencia. Entre ellas el control de las aduanas, el control de los puertos y la construcción de mega proyectos, como la refinería dos bocas y el tren maya.

Esto obviamente hace más difícil la rendición de cuentas, ya que los militares a menudo se niegan a cumplir con las solicitudes transparencia sobre sus actividades, diciendo que la información es reservada por temas de seguridad nacional.

Y es más compleja aún la transparencia, cuando esta reforma contempla que los militares que formen parte de la GN, solo puedan ser juzgados por tribunales militares. El infame “fuero militar”.

La militarización de la seguridad pública ahora y antes, ha sido un fracaso desde hace 18 años. Desde Calderón y hasta Peña Nieto. Pero lo lamentable aquí, es que el presidente prometió hacer un cambio de dirección en campaña, pero en la práctica, no nos llevo más que a donde mismo.

Otorgar al presidente la autoridad de desplegar a los militares adentro del país, cuando quiera y de manera indefinida; y otorgar un poder sin precedentes a los militares, es una grave amenaza a los derechos humanos y para la seguridad en México.

Se que no podemos hacer mucho, ya que MORENA tiene un poder total para modificar la constitución. Pero creo que si no se tienen los votos, de perdida que se escuche nuestra voz.

Por nuestro futuro, nos toca a nosotros proteger la justicia y los derechos humanos en México.

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