En la discusión de la iniciativa de Reforma Eléctrica enviada por el presidente López Obrador se juega mucho más que el futuro de la CFE; se juega el futuro de la oposición y de la 4T.
No se trata sólo de una reforma con gran impacto en la industria eléctrica, en la economía de las familias y de las empresas, en el medio ambiente.
Los desenlaces posibles, que se apruebe o rechace, tendrán repercusiones político-electorales determinantes para lo que resta del sexenio y para quien pueda ganar la elección 2024.
Si la reforma se aprueba, el presidente gana doble, porque logra desmantelar la reforma del 2013 y porque lo habrá logrado dividiendo a la oposición, rompiendo esa alianza incluso electoral de los comicios subsiguientes.
La iniciativa modifica el diseño institucional del sector eléctrico, afecta su gobernanza, concentra el poder en la CFE convirtiéndola en juez y parte, en regulador y operador. Transforma la relación de lo privado y lo público de manera asimétrica en beneficio del último. Altera la matriz energética en detrimento de las energías limpias, baratas y renovables atentando contra los compromisos internacionales en contra del calentamiento global y la transición energética. Modifica las reglas del juego afectando el principio de la no retroactividad y la certidumbre jurídica. Encarece la estructura de costos desincentivando la eficiencia productiva y la innovación tecnológica.
Por estas razones, surgen dos grandes dudas:
La primera duda que surge es tratar de entender ¿por qué la iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados, donde les faltan 56 votos para alcanzar los 334 votos que necesita (dos terceras partes de 500 diputados), en vez de haberla enviado al Senado, donde solamente requieren 9 votos para alcanzar los 86 (dos terceras partes de los 128 senadores)?
La segunda duda consiste en averiguar ¿por qué el gobierno envía una iniciativa tan agresiva y escandalizadora, en vez de una más defendible en términos legales, ambientales, de gobernanza, financieros y operacionales?
Una posibilidad (perversa) consistiría en que se envió así, tan mal, para que diputados de oposición (PRI?) la pudieran corregir. Para que le quitaran todos aquellos temas litigables y escandalizadores; pero que conservara el corazón de la iniciativa: el fortalecimiento de la CFE, mediante la recomposición de los contratos de auto abasto, las concesiones directas, los antiguos permisos, los contratos de interconexión legados (CIL) y los subsidios, contratados con los elevados costos que ya no se justifican. Si así sucediera, el presidente saca su contrarreforma y quiebra a la oposición allanándole completamente el camino rumbo al 2024.
La otra posibilidad (alentadora) sería que no alcancen las dos terceras partes de los votos y la iniciativa se rechace. En ese caso, el escenario sería el opuesto: la oposición se consolida y envalentona, el presidente se debilita y radicaliza y se incrementan las posibilidades de un triunfo opositor en el 24.
Por estas razones, el futuro de México será binario, porque la suerte de la reforma será la suerte de la oposición y la del presidente.
Existen grandes cuestionamientos sustantivos sobre el contenido de la iniciativa, pero también las implicaciones políticas de su dictaminación, pondrán a prueba a los legisladores de oposición, de las organizaciones civiles, ecologistas y a las empresariales.
¿Será la iniciativa energética una manzana envenenada?
¿Pasaremos la prueba como país de que la visión de futuro prevalezca sobre la regresiva visión nostálgica del populismo nacionalista?